La comisionada presidencial, Carolina Recinos, asegura que todos los miembros del gabinete de Bukele han actuado "conforme a la ley". /Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia.
La comisionada presidencial, Carolina Recinos, negó este lunes que algún funcionario del Gobierno de El Salvador esté siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), y aseguró que la publicación de Revista Factum que reveló avances en el proceso de investigación que lidera el Ministerio Público, es una "campaña de desgaste".
De acuerdo a la revista digital, la Fiscalía salvadoreña habría pedido información a detalle de Recinos y del ministro de Salud, Francisco Alabí, al Ministerio de Justicia de España. Esto, para investigar un presunto caso de negociaciones ilícitas y uso de fondos públicos para beneficiar a sus familiares durante la emergencia sanitaria.
Sin embargo, Recinos negó que ella, Alabí u otros funcionarios del Ejecutivo estén siendo investigados.
A ningún miembro de este gabinete se le señala, o es acusado o imputado de nada. Esto es parte de esa agenda política". Carolina Recinos, comisionada presidencial.
La jefa del gabinete de Gobierno se abstuvo de opinar directamente sobre la acusación del medio, que la vincula a la compra de servicios de alimentación por $549,359.41 a su excuñada, Blanca Judith Meléndez Portillo, quien fue pareja de su hermano, Herberth Orlando Recinos, gerente de Fondeo y Cooperación de Bandesal.
Recinos se limitó a decir que "hay que dejar que la institucionalidad funcione", y que el gabinete de Nayib Bukele "siempre ha actuado conforme a la ley".
No vale la pena seguir discutiendo en el marco de una agenda que tiene por interés, tenía antes de las elecciones, y sigue teniendo, el desgaste de este gobierno. Nosotros siempre hemos estado apegados a la ley". Carolina Recinos, comisionada presidencial.
La solicitud del Ministerio Público a España es el primer avance conocido de la investigación fiscal iniciada en noviembre de 2020 por las compras públicas de insumos médicos y alimentos durante la emergencia por el covid-19.
La tesis fiscal es que al menos $155 millones han sido utilizados para la compra de equipo de protección personal (EPP) y comida de paquetes solidarios, de forma irregular.
Hace cinco meses, los fiscales anticorrupción allanaron el Ministerio de Salud y otras dependencias del Ejecutivo en busca de información que pruebe compras a sobreprecios, incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Pública (LACAP) o beneficios indebidos para allegados de funcionarios.