La directora de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Marjorie de Trigueros, cree que El Salvador puede avanzar en la hoja de ruta pactada con Estados Unidos solo si no desmantela los derechos y si revierte daños a la institucionalidad. Lejos de las promesas, ella ve retrocesos. Enumera desafíos para la Asamblea Legislativa y pone en duda su eslogan por el 1 de mayo de 2021.

 

¿Cuál es su evaluación del desempeño de esta Asamblea Legislativa en sus primeros meses?

La población le ha otorgado al partido de gobierno la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, pero esto no significa que tiene un cheque en blanco. Debemos recordar que el ejercicio del poder político, en un contexto en el que los apoyos legislativos al Presidente superan la mayoría calificada, encuentra un límite en la Constitución; no puede, por ejemplo, establecer normas o realizar acciones que desmejoren los derechos fundamentales, incluidos regímenes de excepción desproporcionados; manipular las normas sobre el sistema electoral a fin de generar ventajas indebidas; interferir en la independencia de las instituciones de control, reformar la Constitución regresivamente en cuanto a cláusulas pétreas y derechos fundamentales o saltarse el proceso de reforma previsto; desobedecer resoluciones y sentencias judiciales (...) Los actos más graves en contra de la Constitución son los que se refieren a la destitución sin causas legales y sin debido proceso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general.
Es una preocupación grande que en el país estamos dando pasos para atrás en materia de libertad de expresión, de prensa y de asociación, siendo derechos fundamentales en un país democrático, se debería respetar las libertades”.

¿Cuáles son los desafíos de la Asamblea Legislativa?

Que su producción de leyes y acciones no sean contrarias a la Constitución; restablecer el orden constitucional roto el 1 de mayo; legislar sobre la base técnica en cuanto a políticas públicas que permitan recuperar el clima de negocios del país, frenar la política de endeudamiento desmesurada y revertir decisiones impulsivas como la Ley Bitcoin. Su mayor reto es ganarse la confianza de la población no solo por el voto que los llevó ahí, sino por su trabajo técnico y teniendo siempre al ciudadano al centro.

La Asamblea ha dicho “siempre haremos lo justo, lo legal y lo correcto”.

Ojalá sea más que un eslogan. Con sus hechos, día a día se pondrá a prueba si es una verdadera mística de trabajo que los motiva a hacer bien su trabajo o demostrará que era solo un eslogan que buscaba ganar simpatías. Con acciones como las del 1 de mayo de este año, su primer día de funciones de la Asamblea Legislativa, queda en duda esta frase “que siempre harán lo justo, lo legal y lo correcto”.

 

Si Fusades cree en que retroactividad de delitos de corrupción es inconstitucional, ¿se pueden juzgar estos delitos en el pasado?

En Fusades estamos en total acuerdo que no prescriban los delitos de corrupción porque la corrupción es un mal endémico que está carcomiendo nuestro país y erosionando la confianza en las instituciones. Volver imprescriptibles los delitos de corrupción sería algo positivo ya que se estaría cumpliendo con el compromiso que adquirió El Salvador en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Sin embargo, siempre existirá la limitante de la irretroactividad, si un delito ya prescribió, ya no es constitucionalmente posible perseguir penalmente a la persona. Todos los posibles delitos cometidos en el pasado pueden ser juzgados siempre y cuando no haya prescrito la acción penal.
La corrupción debe atacarse venga de donde venga, pero debe hacerse respetando la Constitución, no podemos pretender corregir un mal endémico con otro mal, que es no respetar nuestra ley principal”.

El presidente Bukele se ha comprometido a una hoja de ruta con EEUU para restablecer la confianza democrática. ¿Hay forma sin revertir las destituciones del 1 de mayo?

Los cuatro elementos que se han mencionado en la hoja de ruta ya han sufrido violaciones. Si hablamos de jueces y fiscal independientes, no puede tratarse de los que se prestaron al golpe del 1 de mayo; si hablamos de CICIES, deben recordarse las razones que la Organización de Estados Americanos explicó para inviabilidad de la misión, incluido no revelar la auditoría de los fondos de la pandemia y las presiones para investigar solo la corrupción de la oposición. Si se trata de la prensa independiente, esta ha sufrido acosos y hostilidad. Avanzar en esa hoja de ruta implica ciertamente no continuar con el desmantelamiento de las garantías de los derechos de todos, sino también revertir los graves daños a la institucionalidad.

 

El Presidente promete respetar la libertad de expresión. ¿Cree en la promesa?

La libertad de expresión y de prensa son derechos pilares en toda democracia. Resulta hasta innecesario que se prometan respetar derechos de esta naturaleza si en El Salvador vivimos en una democracia. En la práctica lo que vemos es que la libertad de expresión y de prensa son algunos de los derechos que más afectaciones y restricciones han tenido en los últimos meses. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios organismos internacionales se han pronunciado recordando que este tipo de discurso y actitudes de funcionarios de alto nivel a la prensa son contrarios a estándares internacionales sobre libertad de prensa, y que además pueden crear un riesgo para la integridad física y psíquica de los periodistas.
Avanzar en esa hoja de ruta implica ciertamente no continuar con el desmantelamiento de las garantías de los derechos de todos, sino también revertir los graves daños a la institucionalidad que ya hayan ocurrido”.

El perfil


Marjorie Chorro de Trigueros, abogada

Profesión: licenciada en Ciencias Jurídicas.

Cargo: directora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Experiencia: ha sido investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de Fusades, integrante del Equipo Impulsor de la Función Pública.