“Esta Dirección no ha emitido orden de trabajo a realizarse durante 2018 sobre los gastos reservados de la Presidencia de la República y deuda política de los partidos, por lo que no contamos con órdenes de trabajo y memorándums de planificación de los mismos”, fue la respuesta a una solicitud gestionada mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CCR.
Por cada voto ejercido por los ciudadanos, los partidos políticos reciben una cantidad de fondos que, en las elecciones presidenciales, será de $5.27.
Así, los partidos políticos recibieron $21.4 millones en las elecciones presidenciales de 2014; en las presidenciales de 2009 recibieron $12.6 millones y en los comicios presidenciales de 2004 el Estado les entregó $8.4 millones. Es decir, los partidos FMLN, Arena, Gana, PCN, PDC, PSP, FPS y CDU han recibido fondos públicos, pero el Estado no ha auditado su uso.
Ilegal
Para el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jaime López, la CCR comete ilegalidad porque su omisión de auditorías de fondos públicos recibidos por los partidos es recurrente.
“Las autoridades de la Corte siguen permitiendo que caduque el plazo de cinco años para realizar acciones de control... Con los graves escándalos de corrupción que hemos conocido, los titulares de la Corte de Cuentas no solo están actuando de forma negligente sino también arbitraria, al no realizar auditorías son responsables directos de encubrimiento”, señaló.
El 28 de agosto de 2018, la primera magistrada de la CCR, María del Carmen Martínez Barahona, dijo que la deuda política no era auditada porque “los partidos políticos “son entidades privadas”. Esa aseveración fue realizada en un Encuentro Nacional Anticorrupción. Después, la CCR intentó matizar la declaración pública de la magistrada, diciendo que ella se había referido a los fondos reservados.
El pasado 26 de noviembre, ante una pregunta sobre los fondos reservados, la presidenta de la CCR reveló que ella firma las exoneraciones que hacen los auditores de la CCR sin verificar que el contenido es correcto por principio de confiabilidad.