La Corte consultará con los donantes para cuantificar los bienes recibidos y distribuidos por la emergencia. / DEM
La Corte de Cuentas de la República ha determinado que donaciones de bienes en el Almacén de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) no fueron contabilizadas ni por los donantes y ni por los servidores que recibían la ayuda en ese lugar, ante la pandemia COVID-19.
“Ni donantes, ni los servidores que laboran ahí las cuantificaron. Solo levantaron actas”, explicó la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Rivas Landaverde, quien ayer hizo una presentación sobre los gastos públicos auditados por la emergencia COVID-19, en el foro organizado por el Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas, con apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
La funcionaria explicó que el equipo auditor se ha focalizado en el lugar y está en la etapa de verificación de actas.
En la última reunión con los directores de auditoría, dijo la titular, les indicaron la necesidad de hacer una trazabilidad de la información porque los donantes “deben enterar al fisco de las donaciones que realicen”, advirtió.
Así, aseguró que los equipos auditores requerirán la información al Ministerio de Hacienda para indagar el origen y la cuantificación de las donaciones.
Auditan donaciones por $44 millones
La institución fiscalizadora estatal ha sumado un total de $44,748,357.46 de donaciones de todo tipo a diferentes instituciones públicas, pero considera que esa cifra puede cambiar en el transcurso de la auditoría a las mismas.
Solo la ayuda monetaria internacional reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores suma $43,392,586.57, fondos que también serían auditados por el ente contralor.
Los datos de la Corte de Cuentas indican que también el Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió $205,441.79 de donaciones nacionales y gestionó otras donaciones por $52,340.
La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) también registra donaciones internacionales por un valor de $898,113.44 y en concepto de “donativos resguardados en la Dirección”, donativos con un valor de $199,875.76.
A ello le suma donaciones contabilizadas al Ministerio de Salud: $89,399.54 de medicamento, $3,050.7 de suministros generales, $36,796 de mobiliario y equipo; además de $346,837.94 de insumos médicos.
En el foro virtual sobre la “Importancia de la auditoría de los fondos públicos en el marco de la emergencia del COVID-19” organizado por el Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas, la abogada Xenia Hernández, asesora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), aseguró que existe el reto de reducir las brechas de desconfianza hacia la auditoría que realiza la Corte de Cuentas.
“La corrupción mata, no podemos darnos el gusto de construir mal un hospital o comprar mal un medicamento”, expresó Jessica Estrada, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). “Es necesario que el uso de los recursos destinados para la emergencia se utilicen para salvar vidas”, dijo Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
El plan de fiscalización de la Corte de Cuentas por la emergencia incluye exámenes especiales a la construcción del megahospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), los gastos de la mesa de crisis, conformada por Gobernación, Turismo, Presidencia de la República y otras, adquisición de equipos e insumos médicos, donaciones, bonos, insumos, víveres, y otros.
