La auditoría concluye que el Ministerio de Hacienda contaba con la disponibilidad financiera para transferir en el tiempo oportuno $75 millones a los gobiernos municipales, así como disponía de los recursos para pagar el Fodes. Sin embargo, sostienen que Hacienda priorizó los gastos “dejando el Fodes en octavo lugar, lo que no permitió la asignación mensual”.
Los auditores comentaron que el presupuesto 2020 presentó ingresos proyectados por $5,576 millones y gastos por $6,426 millones, requiriendo deuda por $850 millones; pero la pandemia obligó a hacer modificaciones y a incrementar en $600 millones al Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (Fopromid).
Así mismo, de enero a septiembre de 2020, hubo un financiamiento por $2,229 millones, de acuerdo a los informes de “ejecución de cajas”, es decir, fondos ajenos en custodia, Letras del Tesoro, crédito puente y bonos.
Además, señalan que el 23 de marzo de 2020 Hacienda suspendió proyectos de inversión pública.
Los auditores señalaron que el Ministerio de Hacienda “no tiene la facultad para priorizar después de estar aprobado el presupuesto 2020, ya que una vez aprobado se vuelve ley de la República”.
Así le reiteran que para hacer cualquier modificación debe hacerlo según la ley de presupuesto.