El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema De Justicia (CSJ), Leonardo Ramírez Murcia, informó que dos casos fueron remitidos a juicio civil por enriquecimiento ilícito durante el 2020.

Hay dos casos que fueron remitidos a la cámara correspondiente para que se les instruya juicio civil por enriquecimiento sin causa. Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal de CSJ.

En una entrevista en la radio Sonora, se refirió a una solicitud de reforma realizada por Claudia Ortiz, diputada electa del partido Vamos, de reformar la Ley de Probidad, justificando que la CSJ no inició ningún tipo de juicio civil por enriquecimiento ilícito en 2020.

El magistrado aseguró que el año pasado hubo 7 casos atendidos por Corte plena y que dos fueron remitidos a la Cámara correspondiente para que les instruya juicio civil por enriquecimiento ilícito.

Detalló que los casos remitidos fueron:

  • Mario Emilio Readelli Avilés, exdirector presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Aviación Civil, del 1 de septiembre de 2006 al 21 de enero de 2010.

  • Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), periodo de 2 de enero de 2006 a 16 de marzo de 2010.


Ambos casos fueron conocidos por Corte Plena y considerados con indicios para ser
remitidos a las cámaras correspondientes, dijo Ramírez Murcia.

De acuerdo a la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CSJ a las solicitudes de información del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), no se iniciaron juicios civiles durante el año 2020.

Fusades presentó un informe del segundo semestre, en el que reporta 0 juicios civiles en el año pasado.

En 2016, la CSJ inició 12 juicios, los primeros en febrero, contra los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes.

En 2017, hubo dos; en 2018, ninguno y, en 2019, 8.

De acuerdo al informe de Fusades, durante el año 2020, Probidad hizo verificación patrimonial de 10 funcionarios o exfuncionarios, 16 están en proceso de verificación y posee una lista de 385 verificaciones pendientes desde el 1 de enero de 2010, de acuerdo a dicho informe. El estudio indica que prescribieron 145 verificaciones, luego de 10 años.