Votaron a favor los magistrados Sánchez de Muñoz, Luis Rivera Márquez, Chicas, Portillo Peña, Marroquín, Martínez García, Elsy Dueñas, Óscar López Jerez, José Ángel Pérez Chacón, Luis Suárez Magaña, Roberto Calderón, Flores Durel y Ernesto Clímaco Valiente.
En un inicio se sugirió que esté adscrita a la presidencia, en el área de asesorías, lo que permitiría una “mejor coordinación con las unidades de la Corte” como la Sección de Probidad, Investigación Profesional, Sección de Notariado y la Dirección de Planificación Institucional.
El objetivo de la unidad será desarrollar políticas, lineamientos para garantizar la prevención de riesgos de lavado de dinero en las actividades de los abogados, de acuerdo a la presentación realizada el 2 de diciembre a los magistrados de la Corte.
El magistrado José Ángel Pérez Chacón opinó que debería ser una unidad dependiente de la Corte Plena.