El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió al archivo las investigaciones patrimoniales de los exfuncionarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) Tito Edmundo Zelada y Jorge Alfonso Quinteros y del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Eduardo Antonio Urquilla, porque no encontraron “indicios de enriquecimiento ilícito”.

“Estos dos casos han sido conocidos recientemente, hubo resolución y deliberación y, en ambos casos, del señor Tito Edmundo Zelada, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el caso del señor Eduardo Urquilla que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, la Corte les declaró no existencia de indicios y por ende está cerrado el caso”, señaló el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.

Agregó: “El del señor (Jorge) Quinteros sí ya fue conocido y también no se encontraron indicios de enriquecimiento ilícito”. La decisión de archivar los casos fue tomada el pasado 6 de febrero del 2018.

Por resolución de la misma CSJ, de junio de 2017, las investigaciones patrimoniales que no tengan resolución definitiva o sean exoneradas están bajo reserva. Los magistrados argumentaron que son deliberaciones previas y que puede afectar el patrimonio, el secreto bancario, la intimidad personal, y seguridad jurídica, de los investigados.



Casos Rodríguez y Bukele en Corte Plena

El magistrado Ramírez también reveló que las investigaciones patrimoniales del exsecretario para asuntos legislativos y jurídicos de la presidencia de la república (2004-2008), Luis Mario Rodíguez y del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele fueron incorporados a la agenda de Corte plena del pasado 15 de febrero; sin embargo, fueron retirados de la discusión, para ser conocidos en otro momento.

“Prácticamente, como hay algunos puntos pendientes de definirse en Corte plena, relacionado con los tiempos, los plazos, más allá de haber vencido el periodo de la funciones”, dijo ayer.

El magistrado presidente del órgano judicial, Óscar Pineda, explicó que ambos casos fueron sacados de agenda por dos razones: primero, llegaron tarde, “los magistrados los recibimos un día antes en la tarde, no hubo tiempo para poderlos analizar” y, segundo, están pendientes criterios como: “determinarse, plazos sobre el tiempo que debe revisarse, las afectaciones de un funcionario, hay algunos criterios que deben establecerse dentro de la Corte”, explicó.

Los magistrados dijeron que no podían señalar en qué sentido iban a hacerse las investigaciones, si iban a archivarse o se iba a ordenar juicios por indicios de enriquecimiento ilícito.

Los magistrados explicaron ayer que las investigaciones patrimoniales contra del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y la diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar estan en proceso de adendas o complementos, antes de ser del conocimiento de los magistrados de la Corte plena.