El decreto hace una prohibición expresa, hasta el 8 de diciembre, a concentraciones masivas sin distancia, con personas sin vacunación completa y que irrespeten los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud.
También, establece que las personas que convoquen, promuevan u organicen concentraciones como las descritas serán multadas (de $7,300 a $36,500), se les iniciará un proceso administrativo sancionador y podrían incurrir en el delito de “desobediencia de particulares” según el artículo 338 del Código Penal, castigado con prisión de 1 a 3 años y multa de 50 a 100 días multa.
¿Marchas?
Participantes de las protestas contra el gobierno de Nayib Bukele reaccionaron ayer en rechazo a la medida, indicando que continuarán con sus protestas. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) citó el derecho de reunirse pacíficamente, el artículo 7 de la Constitución. “No nos van a callar”, escribió Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, quien prevé una criminalización de la protesta social. Para el abogado Enrique Anaya, el decreto pretende “evitar las marchas contra la confiscación de los ahorros previsionales”. El Gobierno está por enviar una propuesta de reforma de pensiones.
El Gobierno enfrentó protestas, los días 15 de septiembre y 17 de octubre, contra el bitcoin, la reelección presidencial, la ley del agua, la reforma de pensiones, entre otras.
En la Asamblea, la diputada Suecy Callejas, dijo que no se estaban prohibiendo las marchas. “Lo único que les pedimos es que vaya cumpliendo los protocolos de bioseguridad”, expresó, señalando que no se llevaran a personas de la tercera edad ni niños, medidas que no son expresadas en el decreto aprobado.
Un decreto disfrazado para prevenir el esparcimiento del covid-19 con multas y sanciones penales solo para un tipo de concentración es violentar derechos”. John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo
Cinco “excepciones”.
El decreto, aprobado con 63 votos, crea 5 excepciones de la prohibición: actividades artísticas, culturales, de promoción cultural, deportivas y de promoción al deporte.
Sin embargo, a estos eventos excepcionales se les exigen similares condiciones de las implícitamente exigidas en el artículo 1 a toda concentración de personas.
De acuerdo al artículo 1, las concentraciones prohibidas son las masivas que irrespeten medidas de bioseguridad del Ministerio de Salud, distanciamiento y en donde participen personas con vacunación incompleta.
Según el decreto, el Ministerio de Salud pondrá límites de aforo y exigirá comprobantes de esquema de vacunación completa a los eventos “permitidos” como los culturales y deportivos.
Ustedes pueden seguir organizando las marchas que deseen. Lo único que les pedimos es que vaya cumpliendo los protocolos de bioseguridad”. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas
En la defensa del decreto, que tiene prevalencia sobre cualquier otro, Nuevas Ideas destacó que recibieron peticiones de artistas para no ser restringidos en sus actividades; ellos fueron afectados por el decreto 90, que prohibió las fiestas patronales.
El decreto 90 –aprobado el 13 de julio de 2021 y vigente hasta el 16 de febrero de 2022– prohíbe conciertos, eventos deportivos y fiestas patronales. El 20 de julio, la Asamblea lo reformó para facultar a Salud a autorizar algunos; así, en el país no se han suspendido los partidos de fútbol abiertos al público.
El nuevo decreto en síntesis
- Prohibición hasta el 8 de diciembre
Suspende concentraciones masivas en las que participen no vacunados y que no respeten protocolos del Ministerio de Salud.
- Excepciones
Excluye actividades artísticas, culturales, de promoción cultural o deportiva, y deportivas. Les exige medidas de bioseguridad y aforo para autorizarlas.
- Salud y fiscalía
El Ministerio de Salud podrá autorizar o revocar autorizaciones. La Fiscalía podrá perseguir de oficio si personas naturales o jurídicas incumplen.
Gobierno ha enfrentado protestas a raíz de medidas
Diferentes ciudadanos y organizaciones han salido a las calles a protestar por diferentes medidas tomadas por las instituciones, como la destitución de la Sala de lo Constitucional y su sentencia de la reelección presidencial.
- Mayo 1 de 2021
La Asamblea Legislativa destituyó a toda la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por magistrados. El hecho es causa de protestas.
- Septiembre 3 de 2021
La Sala de lo Constitucional electa 1 de mayo sentencia que la reelección inmediata presidencial es permitida en El Salvador.
- Septiembre 7 de 2021
Inicia vigencia la Ley Bitcoin, aprobada el 8 junio por la Asamblea Legislativa. Gobierno destina $205 millones para promoverla.
- Agosto 31 de 2021
La Asamblea Legislativa aprueba reformas para sacar a jueces, magistrados y fiscales mayores de 60 años, y trasladar a otros.