La legitimidad de los funcionarios juramentados el 1 de mayo es cuestionada por instituciones como Fusades.
El deterioro democrático como resultado de una elección inconstitucional de magistrados y fiscal general es el principal fracaso del segundo año del actual Gobierno según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Si quisiéramos identificar un fracaso, tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad democrática en el país y el acompañamiento que ha hecho el Ejecutivo de las decisiones que ha tomado la nueva bancada para el desmantelamiento de las instituciones de control”, acotó el director de Estudios Políticos de Fusades.
Así lo aseguró luego de presentar la investigación de 328 páginas “El Salvador. Año Político 2020-2021”, un estudio que también presenta logros en áreas específicas, como en el proceso de vacunación.
Según Rodríguez, el hecho de que el Gobierno cuente con una base partidaria propia y el poder local “es un logro en sí mismo si se utiliza de manera correcta”.
“Luego de la firma de los acuerdos de paz logramos el establecimiento de una democracia que aunque imperfecta iba avanzando, ahora está en riesgo”. Claudia Umaña, presidenta de Fusades
Punto de “no retorno”.
La investigación asevera que el mandatario ha consumido, el 1 de mayo, “su proyecto de concentración absoluta del poder político que inició el 9 de febrero de 2020, con la toma militar de la Asamblea Legislativa”.
Para Fusades, los funcionarios electos el 1 de mayo son impuestos. El presidente legislativo, Ernesto Castro, dice, “ignoró” la sentencia de la Sala y “procedió a la juramentación”. Según la institución, los abusos durante la cuarentena obligatoria fue solo “otra etapa más antes de coronar el quiebre democrático del 1 de mayo de 2021”.
“Lo que ha deteriorado a la democracia salvadoreña no fue la polarización, sino un componente corrupto que ha generado un descrédito a la clase política”. Manuel Alcántara, académico e investigador español
Ello, sostiene, confirma el “absoluto desprecio por el sistema democrático y un punto de ‘no retorno’ hacia un régimen en el que ya no existirán controles ni límites nacionales a las actuaciones del Ejecutivo”.
Deterioro de la PNC.
En el área de seguridad pública, Fusades reitera que el deterioro institucional podría estar “en un punto de no retorno”. Señala que la Policía Nacional Civil (PNC) fue concebida como un cuerpo profesional y ajeno a toda actividad partidista, pero que “tres décadas después” es “la antítesis de la visión aspiracional que planteó el Pacto de Chapultepec”, indica la página 250 del estudio.
El estudio señala debilitamiento de áreas de investigación y de combate a la narcoactividad para constituir las unidades denominadas FOCAS que se desplegaron en la primera etapa del Plan Control Territorial.
Señala un “manoseo” de actores externos e injerencia de “grupos de poder fáctico en decisiones estratégicas”, independientes al director policial.
“Si quisiéramos identificar un fracaso, tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad democrática. Luego, en cada apartado (hay) logros”. Luis Mario Rodríguez, director de estudios políticos de Fusades
El estudio registra que la PNC protagonizó un “grave episodio de obstrucción al trabajo de investigación de la Fiscalía General de la República” (FGR) en un allanamiento al Ministerio de Salud como parte de las investigaciones por presunta corrupción iniciadas por la FGR y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
La entidad también considera una “grave omisión” de la PNC al no intervenir ante la “privación de libertad de magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral”.
Fusades califica estos hechos de “lealtad ciega y el compromiso del director” con el proyecto político del presidente y su grupo”. Así mismo, tilda de grave la participación de la PNC en la deposición de la Sala de lo Constitucional y la FGR.