Dos demandas fueron interpuestas ayer en la Sala. / DEM
El decreto ejecutivo 24 del Ramo de Salud, publicado en redes sociales la madrugada del domingo 10 de mayo y con fecha de publicación 9 de mayo en el Diario Oficial, recibió ayer dos demandas de inconstitucionalidad de diputados de Arena.
El diputado René Portillo Cuadra aseguró que el decreto ejecutivo 24 viola la Constitución de la República porque sigue restringiendo el transporte público, una actividad que “solo puede ser restringida por la ley”.
En su demanda, pide a la Sala de lo Constitucional una suspensión inmediata de los efectos del decreto 24 señalando que su vigencia afecta derechos fundamentales.
Además, pidió expulsar “esa forma fraudulenta” del Gobierno para “emitir nuevos decretos” como mecanismo para evadir que se declare inconstitucional.
“El transporte público es uno de los servicios básicos y esenciales de la economía de nuestro país”, sostuvo, citando el artículo 5 de la Constitución de la República, que indica que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República, salvo las limitaciones que establezca la ley.
Otra demanda
El diputado suplente Carlos García Saade, también de Arena, interpuso una semana demanda, señalando que el decreto fue publicado a las cero horas y 59 minutos del 10 de mayo en Twitter en la cuenta @PresidenciaSV y, por tanto, “la falta de publicación por los medios oficiales así como su falta de publicación oportuna genera inseguridad jurídica para la población”.
También, señala que las limitaciones a la circulación son impuestas sin que haya un régimen de excepción vigente en el país y que la “Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19” no cumplió con el mecanismo de votación de un régimen de excepción: su votación no fue nominal ni pública.
El decreto 24 del Ramo de Salud, publicado el 9 de mayo en el Diario Oficial número 93 del tomo 427, mantienen las restricciones de transporte público y compras por
números de duis, excluyendo de estas al personal de salud en ambos casos, y policías y soldados, en el segundo caso.