La Corte Suprema de Justicia investiga el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios. / DEM
La nueva orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que esta revele las auditorías patrimoniales de los funcionarios o exfuncionarios públicos ha generado diversas opiniones entre los políticos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, aplaudió la decisión de la CSJ de mantener en reserva las auditorías. Está de acuerdo en que esta información sea revisada por la Fiscalía General de la República, la CSJ o la Sección de Probidad de la CSJ, pero no por otras personas.
“Si la quiere revisar perico a lo palote, para andar siguiendo a mis hijas, para andar buscando un secuestro, o para estarte extorsionando, ahí, sí, no estoy de acuerdo”, aclaró Quijano.
El diputado Serafín Orantes, del PCN, dijo estar de acuerdo en que la CSJ revele las auditorías en las cuales los funcionarios públicos hayan sido incriminados. “De lo contrario, no, porque soy un ser humano que tiene su familia y, ante los índices de delincuencia, corren riesgo desde el funcionario hasta su último nieto”, justificó.
El diputado Schafik Hándal, del FMLN, indicó que al hacer un manejo inadecuado de la información cualquier persona puede ser objetivo de presiones, chantajes o secuestros. Sugirió cuestionar a la CSJ “porque también hay derecho a la información, es un derecho humano la información del pueblo, para que conozca cómo están las grandes figuras, tanto políticas como empresariales”.
El diputado Numan Salgado, de Gana, indicó que en El Salvador la transparencia debe tener un límite y que las personas que no están en un proceso de cuestionamiento por inusual enriquecimiento no deberían hacer públicos sus bienes. Para Rodolfo Parker, del PDC, si hay indicios de enriquecimiento ilícito, se deben hacer públicos; de lo contrario, no. “Hay que respetar cierta esfera de privacidad de los funcionarios”, dijo.
El 8 de agosto la CSJ desacató la orden del IAIP de entregar las investigaciones patrimoniales realizadas por la Sección de Probidad a funcionarios y ex funcionarios durante 2018. La Sala de lo Constitucional no se pronunció al respecto.