La Comisión Política de la Asamblea Legislativa pedirá al Gobierno datos que sostengan el régimen de excepción y un plan concreto. Se inclinan a apoyar medidas focalizadas. / Cortesía
Diputados de tres partidos políticos coincidieron ayer en la posibilidad de establecer en El Salvador cuarentenas focalizadas en lugares afectados por la enfermedad COVID-19, luego de haber recibido esta recomendación de académicos de las universidades de El Salvador, Francisco Gavidia, del Colegio Médico y de la Asociación Salvadoreña de Infectología, entre otros.
No todos, sin embargo, coinciden en establecer un régimen de excepción.
Mientras el diputado Mario Ponce (PCN) ve posible la aplicación de un régimen de excepción parcial, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, no ve posible la restricción de derechos constitucionales. Ella suele recordar que el 15 de marzo, cuando la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que se prolongó por un mes, su partido no dio los votos. El Gobierno ha solicitado restringir tres derechos constitucionales: la libre circulación, la libertad de reunión y el derecho a no cambiar de domicilio, restringido con el fin de poder trasladar a los infractores de la cuarentena a centros de contención.
Excepción focalizada
El presidente de la Asamblea habló de restringir derechos constitucionales para cerrar toda actividad pero no en todo el territorio nacional.
“Restricción de derechos constitucionales es para paralizar una zona que está focalizada adonde está el virus, tenemos que paralizar todo, estamos hablando de todo, pero no a nivel general, puede ser una colonia, barrio, un cantón, un caserío, puede ser todo el municipio”, indicó, luego de la jornada de consultas sobre el régimen de excepción propuesto por el Gobierno.
De acuerdo a Ponce, no es a nivel nacional donde se tiene que dar la suspensión de garantías. En Soyapango, dice, hay que analizar qué colonias. “El Ministerio de Salud sabe adónde están las personas asintomáticas, adónde están las personas recuperadas. El decreto por sí solo no logra bajar la curva, el contagio se va a bajar con el decreto acompañado de una gran cantidad de medidas”, dijo.
Se basa en los datos proporcionados por el Colegio Médico en donde hay más de 20 casos positivos por cada 10,000 habitantes en el municipio de San Salvador; pero hay municipios sin casos o con 3 casos por cada 10,000 habitantes.
Sin embargo, para aprobar y justificar un régimen de excepción, el presidente de la Asamblea cree necesario que el Gobierno proporcione un un plan para aislar a personas contagiadas, darles tratamiento y restablecer pruebas al personal de primera línea.
Ponce indicó que tratarán de abarcar las recomendaciones de los académicos, médicos y abogados, pero insistió en que el Ministerio de Salud debe acudir a la Asamblea Legislativa para explicar y justificar la solicitud. Sostuvo que, con el decreto de régimen de excepción anterior, no se logró nada; de lo contrario, dice, no tendríamos el número de contagios actuales.
Ayer las organizaciones jurídicas insistieron en que la Asamblea Legislativa debe justificar la necesidad de un estado de excepción con datos.
Rechazan excepción
Arena, sin embargo, aún no tiene una postura categórica, aunque se inclina por las cuarentenas focalizadas pero parece no apoyar la excepción.
Sin hablar de régimen de excepción, el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, no emite posición categórica, pero asegura que todos los insumos son valiosos cuando cuenta que los expertos les han recomendado controlar las zonas, ya que hay municipios sin casos y se puede controlar por pasajes, colonias.
El diputado René Portillo Cuadra, de Arena, sin embargo, escribió ayer en Twitter que luego de las audiencias públicas convocadas por la Asamblea “urge implementar medidas sanitarias. Régimen de excepción, no”. Portillo propone un modelo que alterna entre cuarentena y trabajo.
La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, aclaró que su partido no aprobaría un decreto que suspenda garantías constitucionales, pero sí uno que regule cuarentenas en sitios específicos, recurriendo a las facultades que ya otorga el Código de Salud al Ministerio de Salud. “Estábamos viendo un cuadro donde San Salvador tiene como 1,200 personas, pero no El Paisnal, que solo tiene 8 o 10 casos”, ejemplificó.
Rodolfo Parker, del PDC, observó que las cuarentenas focalizadas están aprobadas en el decreto 661, cuya constitucionalidad será definida por la Sala de lo Constitucional.
