Diputados de ARENA y PCN creen que la amnistía creada en la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1992 luego de firmado el Acuerdo de Paz, también fue derogada, aunque la sentencia de la Sala de lo Constitucional señale en su sentencia la “reviviscencia” de la normativa de 1992.
La Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada el 23 de enero de 1992 y se derogó parcialmente el 20 de marzo de 1993, cuando se aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Básicamente amnistaba los delitos políticos, a los miembros del FMLN, pero en su artículo 6 hacía una excepción: en la amnistía no se incluirían “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia”.
La sentencia, en su página 33, explica que el artículo 6 de la Ley de Reconciliación “recobrará su vigencia”.
Para el diputado Norman Quijano, el fallo ha derogado en la práctica la Ley de Reconciliación Nacional, afirmación que también sostuvieron el jueves de manera categórica los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Antonio Almendáriz, del PCN.
“Cuando en más de nueve ocasiones, menciona a ambos bandos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o hechos graves, prácticamente, en una forma extensiva o difusa, está tocando también la Ley de Reconciliación Nacional porque (ésta) cubría a los otros elementos. Habla de los dos bandos”, explicó Quijano. Otro problema es que menciona la Comisión de la Verdad, un documento que según él debería llamarse “de mentira”.
El diputado de ARENA cree que no hay nada qué hacer desde la Asamblea y ahora “la pelota está en manos de la Fiscalía General de la República, menudo problema para nuestro sistema de justicia”. “Yo esperaría que no tuviera mayores consecuencias”, dijo.
Para el diputado, tampoco la Asamblea puede hacer nada ante la sentencia que invalidó a los 84 actuales diputados suplentes por no haber sido electos en la elección de 2015. “La Sala se extralimitó”, concluye. Óscar Santamaría, firmante de los Acuerdos de Paz, no sabe qué pasará. “Nadie sabe lo que puede significar los efectos de esta sentencia y esa es la gran preocupación”, opinó Santamaría ayer en una entrevista televisiva.