La Comisión Financiera convocará a titulares del BCR. / A.L.
El capital mínimo que la ley exige a las empresas proveedoras de dinero electrónico en El Salvador, retrasó ayer la discusión de reformas a la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, atascadas desde mayo en el seno de la Comisión Financiera.
Los diputados discuten las reformas a la ley de inclusión financiera que, entre otras cosas, busca reducir los requisitos de las entidades de dinero electrónico (EDE) para operar en El Salvador, y facilitar la entrada de nuevas empresas proveedoras de este servicio.
A más de tres años de haberse aprobado esta ley, una empresa, Mobile Cash –operadora de la marca Tigo Money–, ha logrado operar como proveedora de dinero electrónico en el país. “Esto es señal de que algo hemos hecho mal en la creación de esta ley, y ahora queremos enmendarlo”, aseguró Francisco Zablah, diputado de Gana y autor de una de las propuestas de reforma.
Gana y Arena piden se reduzca el respaldo de estas empresas para responder a la quiebra o imprevistos de liquidez, también conocido como capital social.
Las empresas deben tener un mínimo depósito de $500,000 en el Banco Central de Reserva (BCR) para obtener una autorización. Zablah pide se reduzca hasta un 50% este requisito, exigiendo $250,000; la diputada Felissa Cristales, de Arena, pidió que se reduzca a un capital requerido de $150,000.
Margarita López, del FMLN, se opuso “para evitar que las empresas no tengan cómo responder a sus usuarios”. “No queremos otro Finsepro/Insepro en El Salvador”, agregó.
Cristales respondió que, tanto el BCR como la Fiscalía General de la República (FGR), han emitido observaciones positivas a la reducción de capital. Los diputados acordaron llamar al vicepresidente del BCR, Otto Boris Rodríguez, para que opine cuál debe ser el máximo que puede transferirse a través de plataformas electrónicas, actualmente fijado en $1,500.