“Ni la Constitución, ni la legislación orgánica, ni tampoco la reglamentación interna aplicable, parecen haberle prestado demasiada importancia a esta designación, ni a las particularidades que deben tener el perfil de la persona” que aspire a fiscal general, señala un informe publicado por la DPLF, que considera al fiscal general un cargo clave para mostrar el compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad.
“El perfil para ser fiscal general es poco exigente”, señala, explicando que las exigencias de edad y años de experiencia son menores a las previstas para candidatos a magistrados de la CSJ y más bajas de las exigidas en los vecinos del Triángulo Norte.
De acuerdo al informe, se debe identificar cualidades necesarias para el cargo.
“Parece poco probable que el máximo titular de la Fiscalía requiera las mismas que necesita un magistrado”, reflexiona, y explica que la función de un magistrado es de naturaleza jurisdiccional y la de un fiscal es la dirección estratégica de la institución.
La Fundación pide garantizar una designación imparcial, excluir toda forma de discriminación, predilecciones o prejuicios, con concursos abiertos de méritos.
Sugiere establecer salvaguardas contra el riesgo de politización de los nombramientos como: máxima transparencia y publicidad, objetividad de criterios de evaluación, debate y deliberación suficientes, incorporación de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil.
La DPLF también recomienda investigar en los candidatos posibles vínculos con poderes del Estado al próximo general de la República porque el fiscal general “tiene el poder de intervenir en procesos seguidos contra altos funcionarios del Estado”.
De acuerdo a la fundación, el candidato que se postule para fiscal general “debe exhibir un manejo mínimo de información acerca de la institución, tener una opinión crítica sobre su funcionamiento” y un plan de trabajo.
