Durante la administración de Mauricio Funes, se intentó exigir la unanimidad en la Sala de lo Constitucional, el decreto 743, lo que generó protestas. / DEM
Ante la próxima renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organizaciones civiles sostienen que no se ha reducido la injerencia política en la selección de candidatos a magistrados.
Es uno de los hallazgos del documento “Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados de la CSJ”, que será presentado hoy por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), y la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM).
Menciona fallas en la preselección de candidatos en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvdaor (Fedaes) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y en la eleccion que hace la Asamblea Legislativa. Señalan que en el proceso de la Fedaes, hay “asociaciones (de abogados) legalizadas con el único cometido de participar en la selección de candidatos” y “con incidencia directa o indirecta de organizaciones de poder”.
“Se ha perdido la seriedad del proceso que lleva a cabo la Fedaes, por no postular como aspirantes a personas a quienes se haya hecho una evaluación previa”, sostiene el documento. Esta falta de seriedad se menciona por el predominio de la campaña proselitista sobre el mérito de los candidatos. Con ello, las organizaciones aseguran que hay riesgo de que los precandidatos no sean los más calificados, sino los más populares “por diferentes razones”.
Las organizaciones sostienen que no es conveniente que funcionarios judiciales participen porque un cargo de juez “supone no deberle favores a nadie y menos a los abogados en el libre ejercicio de la profesión”. Un expresidente de la Fedaes consultado por los autores del estudio sostuvo que la Fedaes no tiene reglamentos que establezcan “supuestos de rechazo” a candidaturas por falta de capacidad y moralidad.
El proceso de cara a la finalización del periodo de la actual Sala de lo Constitucional es motivo de preocupación para las instituciones. Javier Castro, del Departamento de Estudios Legales de Fusades, advirtió que una elección con injerencia política puede socavar la independencia judicial, la democracia e incluso revertir la jurisprudencia constitucional. Para Castro, no es ningún secreto que hay una intención por tomarse la Sala de lo Constitucional.
En CNJ y Asamblea
El proceso de selección dentro del CNJ no ha logrado reducir la injerencia política, critica el estudio, porque esta institución tiene un protagonismo en la conformación del listado. “La práctica ha demostrado la susceptibilidad de sus titulares a presiones políticas”, indica el informe de información obtenida de un “focus group”.
“Se conoce que algunas campañas que realizan los postulantes son financiadas por partidos políticos”, explica en un pie de página.
A la Asamblea Legislativa, se le observa que las entrevistas deben ser más personalizadas, que hace falta el establecimiento del perfil de un magistrado de la CSJ y que la votación debe ser más por ideoneidad que por consenso entre las fuerzas políticas.
