Esto se ve mal, sobre todo si se acepta acríticamente que el tema previsional es algo exclusivamente técnico. La reforma de los sistemas previsionales es de carácter político, pues expresan los intereses de las partes en conflicto; el componente técnico viene dado por la adecuación a la realidad económica o jurídica de un país de las medidas alcanzadas en ese acuerdo. Si estos acuerdos son legítimos, financieramente viables y sostenibles en largo plazo, se habrá obtenido un gran acuerdo, de lo contrario tendremos una reforma a la ligera que, aunque contenga aspectos positivos, es insuficiente para evitar aspectos señalados en la reforma de 2017.
En principio, cualquier tipo de sistema de pensiones, con los parámetros adecuados, puede generar los mismos resultados en términos de cobertura, suficiencia, sostenibilidad financiera y equidad. Es importante tener presente esto, sobre todo porque el punto de partida parece ser el mismo para muchos: “no más Administradoras de Fondos de Pensiones” y “el sistema de reparto es el robo del Gobierno de nuestros ahorros”. Estas perspectivas excluyentes y maniqueístas no permiten un diálogo franco y han puesto la carreta adelante de los bueyes. En El Salvador, donde está vigente un sistema privado, se debe tener presente que la única forma de reducir el costo fiscal es alterando los parámetros del sistema.