El observatorio reprobó a El Salvador en la lucha contra la corrupción. /Yolanda Magaña.


El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción reprobó a El Salvador, con una puntuación de 0.86 en una escala del 0 al 3, en su lucha contra la corrupción en el periodo de noviembre de 2020 a mayo de 2021.

Para la evaluación, el observatorio seleccionó el cumplimiento de 19 de los 57 compromisos de Lima, según la posibilidad de que exista información en los 19 países en donde se realiza el estudio.

El informe nacional de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción", suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, fue presentado hoy por el observatorio, conformado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (Asafocais), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), entre otras.

Xenia Hernández, directora ejecutiva de DTJ, integrante del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, señaló que el eje sobre el compromiso contra la lucha anticorrupción, se vio afectado por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal General de la República.



De acuerdo al estudio, el fortalecimiento a la gobernabilidad democrática tiene una puntuación de 0.66, la transparencia, acceso a la información y protección al denunciante, 0.81, el financiamiento a la política, 0.85, la prevención a la corrupción en obras públicas, 1.02, y la cooperación jurídica internacional, 1.41.

Algunos de los indicadores con mayor puntaje son las medidas para la reducción de la burocracia, con 1.59, y medidas para impulsar el embargo preventivo, extinción de dominio y confiscación de activos.


El observatorio señala retrocesos tras acciones como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, el control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lad propuestas de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES), entre otros.