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Tras las reformas solicitadas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, ayer a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos; el equipo gestor de la Ley de Probidad instó este viernes a elaborar y aprobar una nueva legislación de probidad que combata la corrupción y fortalezca el juicio civil por enriquecimiento ilícito.

El grupo gestor consideró "acertado" el incremento de las sanciones económicas propuestas por Quijano a los funcionarios que no cumplan en el plazo establecido sus declaraciones de patrimonio, así como que se cese de su cargo a quienes no presenten las declaraciones cuando se les vuelva a asignar un nuevo periodo para presentarlas.

Señalaron que a estas debería de agregarse que la prohibición de reelegirse a a los funcionarios de elección popular por incumplir una disposición constitucional y también la destitución de los funcionarios que realicen declaraciones de patrimonio con información falsa o manifiestamente inexacta

Si bien, coincidieron en algunos aspectos con las solicitudes de Quijano, valoraron la actual Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito está desfasada, por lo que exhortaron a la Corte Suprema de Justicia a acelere el proceso de estudio del anteproyecto de Ley Integral de Probidad para que sea aprobado por la Asamblea Legislativa.

Además, hicieron un llamado a los exfuncionarios y nuevos funcionarios de gobierno a cumplir con sus obligaciones de declarar su patrimonio. En un comunicado emitido y firmado por Quijano junto al diputado de Arena, Rodrigo Ávila, señalan que tienen registros de 8,974 exfuncionarios que aún no han declarado su patrimonio.