El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseveró que las primeras investigaciones a las oenegés en El Salvador indican que “los diputados aprobaban fondos para ONGs. En estas, se contrataba a familiares y amigos de los mismos diputados y de otros políticos corruptos, una nueva variante de plazas fantasma. La labor de la institución no era fiscalizada”.

Castro aseguró que, en la investigación, buscan revelar la verdad sobre “uno de los mecanismos de corrupción más profundos y enquistados en las pasadas administraciones legislativas”. “Vamos a llegar a las últimas consecuencias”, expresó.

La comisión especial de investigación citó a declarar este miércoles a dos extécnicos de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto: Alejandro Solano y Noel Orellana. Así lo anunció el martes la presidenta de la comisión, la diputada Alexia Rivas.

Declara extécnico


Noel Orellana, exjefe de técnicos de la Asamblea Legislativa, fue el primero que asistió esta mañana a la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales (ONG u oenegés).

Según las declaraciones de Orellana, no había un procedimiento legal que estableciera un requisito para que una ONG solicitara un apoyo financiero a los diputados. “Eran los diputados los que hacían las valoraciones”, expresó.

Orellana sostuvo que la decisión era de los diputados.

¿A quién advirtió de que esto era ilegal?, le preguntó el diputado Carlos Herman Bruch, de Nuevas Ideas, quien pedía nombres.

“A los cuatro, a los cinco presidentes. Había presidentes, a la diputada (Lorena) Peña, al diputado (Julio) Gamero”, respondió.

La diputada Rivas preguntó si los cambios eran discutidos públicamente. “A veces, sí, a veces, no”, dijo, aclarando que “cuestiones de traslados de recursos sí los veía en la comisión”.

El extécnico aseguró que, cuando recibía instrucciones por escrito de la jefatura “se les daba cumplimiento” y que había “un reglamento disciplinario”.

Orellana sostuvo que la Asamblea estaba consciente de que no tiene facultades de incrementar créditos presupuestarios.