Retornar a las condiciones políticas e institucionales antes de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del jefe de la Fiscalía el pasado 1 de mayo, y garantizar el principio de separación de poderes, eso es lo que siete organizaciones civiles salvadoreñas le proponen a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como solución para superar la “crisis constitucional” que ha puesto a El Salvador en la agenda internacional.
Así Acción Ciudadana, Fusades, Funde, ANEP, DTJ, CEJ e IIDC a través de una carta le proponen a los Estados miembros de la OEA convocar de forma inmediata a Consejo Permanente y activar el procedimiento establecido para estos casos y previsto en “el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Las organizaciones le dicen a la OEA que le solicite al Gobierno de El Salvador “restaure el orden constitucional” y rechace las renuncias de los magistrados y fiscal general “por haberse emitido en condiciones irregulares” el 1 de mayo, el día que se instaló la nueva legislatura dominda por Nuevas Ideas.
También llaman a reconocer la sentencia de los magistrados destituidos de la Sala de los Constitucional que declararon ilegal su destitución.
Este día enviamos carta al cuerpo diplomático en la que nos referimos a la crisis constitucional que
atraviesa #ElSalvador@ARGenElSalvador@ItamaratyGovBr@Itamaraty_ES@CancilleriaCol@embachilesv@USEmbassySV@USAmbSV@StateDept@SRE_mx pic.twitter.com/1boTE2JHph
— Fundación DTJ (@FundacionDTJ) May 8, 2021
Para las organizaciones esta “solución” debe incluir la derogación de los decretos legislativos 3, 4 y 5 emitidos para las destituciones y nombramiento de los nuevos magistrados y el fiscal.
La misiva denominada “Solución para restaura el orden constitucional y democrático en El Salvador”, asimismo demanda “que las posteriores elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realicen cumpliendo con los ordenado en la Constitución, las leyes y los principios de independencia judicial y separación de poderes”, señalan en el documento.
Le reiteran a la OEA que de no retornar a las condiciones antes del 1 de mayo, los funcionarios nombrados “ocuparán ilegítimamente sus cargos”, y “permanecer la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes”, pero consideran que la situación “aún puede corregirse”.