El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, consultado ayer por los legisladores, pidió incluir en esta normativa el derecho a la intimidad y la libertad de opinión y expresión.
“Cuando entramos a redes sociales a conocer toda la información que se encuentra en la red, a mucha de nuestra población le genera hoy en día esa inquietud, cómo van a estar definidos mis derechos en cuanto a la libertad de opinión y expresión, para brindarle mayor seguridad”, dijo a los legisladores.
El funcionario sugirió definir o desarrollar una instancia autónoma o una superintendencia que hará el papel regulador en esta materia. Observó que algunas competencias asignadas al Sistema Nacional para la Inclusión Digital, en el proyecto de ley, ya están atribuidas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Presidencia.
El proyecto de ley establece que el Órgano Ejecutivo realizará acciones para garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones del Estado.
Velocidad real a mejor precio
Una segunda observación de la Defensoría del Consumidor es aclarar el término de “velocidad real de descarga”, ya que considera que es necesario darle más tranquilidad a los usuarios y certeza a los operadores, sobre cuál es la velocidad real de descarga.
Sugirió que se desarrolle algún mecanismo con la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
Una “Ley para la inclusión digital universal”, cuyo proyecto fue presentado en noviembre de 2019 por Arena, buscaría que “por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información”.
Estas velocidades de descarga tendrían que tener “precios competitivos internacionalmente”.
El anteproyecto cita que un 41 por ciento de los salvadoreños siguen sin acceso a internet, pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugiere a los estados políticas públicas que permitan su acceso universal.