El pasado 20 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley para diferir el pago de servicios de agua, energía y telecomunicaciones.
En la aprobación incluyeron como beneficiarios a todas las personas naturales y jurídicas que hayan experimentado una disminución de ingresos “directamente o indirectamente por los cierres parciales o totales” en la cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19.
En el caso de la energía eléctrica, sin embargo, únicamente se incluye a hogares con un consumo menor a 200 kwh, y a las juntas de agua, proyectos comunitarios y municipales.
Ninguna generadora, distribuidora o comercializadoras de energía, y tampoco las distribuidoras de agua y servicios de telecomunicaciones, tienen permitido hacer cortes por falta de pago durante marzo, abril y mayo. En cambio, los beneficiarios tienen 24 meses a partir de junio para cancelar.
Hay apoyo
Los grupos parlamentarios discutirán la propuesta del Gobierno una vez ingrese formalmente durante la próxima sesión plenaria.
El diputado Rodolfo Martínez, del FMLN, aseguró a Diario El Mundo que su grupo parlamentario estudiará la propuesta desde ya y considera que “recibirá amplio apoyo por incorporar a más beneficiarios”.
El diputado René Portillo Cuadra, de Arena, aseguró que, mientras dure la cuarentena, “será necesario apoyar a las personas más pobres”, además de crear redes de apoyo para comunidades sin servicio de energía eléctrica.
