Fallaron los controles: así resumió un investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) un estudio sobre el mal uso de los fondos reservados de la Presidencia de la República de El Salvador y la implicación de instituciones públicas y privadas que mantuvieron opacidad.

Funde señala en su estudio omisiones en el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas de la República, los bancos y la Superintedencia del Sistema Financiero (SSF). Roberto Rubio, director de la Funde, instó a una investigación de la ruta del dinero y las complicidades de la red de corrupción.

El estudio señala una votación “a ciegas” de la Asamblea Legislativa. “Los señores diputados desconocen en absoluto lo que corresponde del gasto de funcionamiento del OIE (Organismo de Inteligencia del Estado), aprueban ciegamente”, dijo Rommel Rodríguez, investigador de Macroeconomía y Desarrollo de Funde.

Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Funde-Alac), dijo que esperan que la Fiscalía General de la República amplíe la investigaciones a los funcionarios vinculados a ilegalidades en las auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Contrario a lo que afirma la primera magistrada de la CCR, María Martínez Barahona, la Funde sostiene que los gastos reservados sí pueden ser auditados por la CCR, que además tiene la obligación de reportar delitos a la Fiscalía.

“Sí, definitivamente, todos se dieron cuenta, la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, no pueden decir que no lo conocían”, respondió López a la pregunta sobre si estas instituciones conocieron del aumento millonario de los fondos reservados.

En su estudio, Funde señala un silencio bancario que en donde podría haber delitos como “encubrimiento culposo, delito sancionado con prisión de dos a cuatro años”, ya que “no solo no reportaban a la UIF (Unidad de Investigación Financiera) esas transacciones, sino que trataban a esos empleados como clientes VIP, suprimiendo incluso grabaciones de vídeo del momento en que llegaban a retirar el efectivo”.

Criticó que la SSF “en ningún momento detectó o reportó que los bancos implicados estuvieran incumpliendo obligaciones derivadas” de la ley antilavado de dinero.

“Desde lo que corresponde el nivel central, la opacidad en el manejo presupuestario, fallas en la CCR y el silencio del sistema bancario han sido varios niveles en los cuales fallaron los controles y muchas de estas entidades están viciadas”, dijo Rodríguez. El investigador de la Funde explicó que hubo un “interés del Ejecutivo” de buscar este mecanismo mediante gastos imprevistos luego de que la Sala de lo Constitucional lo declarara inconstitucional.