Entidades financieras supervisadas serían principales sujetos de ley. / DEM
La Comisión Financiera retomará la próxima semana la discusión sobre las reformas a la Ley contra la Usura, que buscan poner límite a los intereses en créditos y proponer mecanismos para que la Fiscalía General de la República (FGR) sea facultada para perseguir y condenar las prácticas de usura dentro de otros cuerpos legales.
La comisión recibió ayer las observaciones del fiscal general, Raúl Melara, sobre esta ley, que busca disminuir las tasas máximas de interés que las financieras pueden cobrar a usuarios de tarjetas de crédito y préstamos personales, aseguró Francisco Zablah, diputado de Gana que elaboró la propuesta.
En su artículo 5, la ley reduce el factor multiplicador para establecer el techo de las tasas de interés de 1.6 a 1.2 para tarjetas de crédito; en la propuesta de artículo 7, pide reducirlo de 3.0 a 2.5 para créditos de consumo.
En su nota a la Asamblea, Melara respalda las reformas argumentando que “son convenientes para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado de garantizar a los ciudadanos la protección y la conservación de los derechos de propiedad y posesión”.
A pesar del visto bueno, otras instituciones públicas como el Banco Central de Reserva (BCR) y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) han indicado a los legisladores que no puede haber una reducción drástica en las tasas de créditos porque afectaría al sistema financiero.
Para cerrar su ronda de consultas, los diputados solicitaron a la FGR informar sobre las denuncias recibidas e investigaciones por prácticas de usura; el fiscal detalla en su nota que no hay “denuncias o investigaciones iniciadas concretamente por el delito de usura”, debido a que no está previsto como hecho punible en el Código Penal”.
Los diputados pidieron que el equipo técnico revise el reporte y se faculte a la institución para perseguir el delito.
Margarita López, del FMLN, indicó que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales discute desde 2016 una iniciativa de su grupo parlamentario “donde pedimos que se penalice la usura” y que “haya un mecanismo en el Código Penal en que existan años de cárcel por cometer este tipo de delitos”.
Con la reforma, conocida por la Comisión Financiera, se propone agregar un artículo 240-B al Código Penal, para que quede establecido que las entidades financieras o cualquier ciudadano que haga un diferimiento de pago u otorgue un crédito y que la tasa de interés exceda el máximo legal que semestralmente aplica el BCR, cobrando intereses excesivos, pueda ser penalizado de 1 a 3 años de cárcel. Si hay reincidencia o cuando se comete en perjuicio de personas de escasos recursos, proponen que suba hasta cinco años.
