Un grupo de sindicalistas entregó la propuesta a diputados del FMLN. / Óscar Machón


Diputados del FMLN dieron iniciativa a una propuesta de ley para nacionalizar el sistema de pensiones en El Salvador, que crearía una autónoma para administrar los ahorros de los trabajadores y entregaría una pensión mínima de $300.

Organizaciones sociales agrupadas en el Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), y la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Conphas), entregaron la propuesta ayer para establecer “una nueva ley de pensiones con un sistema universal, público, solidario y de beneficio definido”, dijo Roxana Rodríguez, del movimiento Profesionales por la Transformación de El Salvador (Proes).

La última reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), aprobada en septiembre de 2017 con la participación de todas las fracciones políticas, evitó que el país cayera en impago de la deuda de pensiones, pero para Francisco García, coordinador nacional de Conphas, “fue solo un parche fiscal”.

 

La propuesta

Las organizaciones piden que se abandone el sistema de capitalización individual y se retome el sistema de reparto, liquidando las administradoras privadas y creando el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (Inaps), que funcionaría como ente tripartito de mayoría pública.

Los trabajadores solicitan que se incremente la cotización mensual del trabajador del 15 % al 16 %. Ese punto de incremento sería costeado solo por el empleador, que aportaría un 8.75 % para la cuenta de retiro de los trabajadores. Actualmente, los empleados aportan 7.25 % y los patronos un 7.75 %.

Yanci Urbina, diputada del FMLN que respaldó la propuesta, consideró que el incremento permitirá la sostenibilidad del nuevo sistema, que solo tendrá una comisión del 0.5 % para administrar los ahorros de cada trabajador.

El sistema público ofrecería una pensión mínima igual al salario mínimo del sector comercio y servicios vigente, es decir, $300. La pensión mínima actual es de $206. Propone una pensión universal para trabajadores que no coticen, de un tercio del salario mínimo, es decir, $100 mensuales.

El diputado Alberto Romero, de la fracción de Arena, consideró insostenible nacionalizar el sistema de pensiones. “Se ahorra el 15 % de nuestro salario, y cuando nos jubilamos queremos que sea con el 100 %. No se puede cargar al Estado con el otro 85 %”, criticó el legislador.