Archivo DEM.


Las diputadas de la FMLN, Anabel Belloso, Yanci Urbina y Nidia Díaz, solicitaron esta mañana a la Asamblea Legislativa eximir del pago del impuesto sobre la renta al bono que reciban la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las legisladoras pidieron reformar la Ley de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), y la Ley Especial de los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, con el fin de fijar dichos impuestos a estas tres instituciones.

Además en el proyecto también se pide ampliar la distribución de los recursos a: "personal de la PNC involucrados en labores e seguridad y convivencia; personal de la FAES que apoya en labores a la corporación policial; así como de los Centros Penales e Inspectoría; agentes de División de Protección a Personalidades Importantes destacados en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley; supernumerarios que mediante convenio suscrito con la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia prestan servicios de seguridad al programa de Protección de Víctimas y Testigos; entre otros, que en forma directa o indirecta apoyan las labores de seguridad en el Plan de Desarrollo Territorial"

A la propuesta presentada hoy por el FMLN se le suma la hecha por el Gobierno central en octubre, en la que solicita fijar como a los impuestos a telefonía y ganancias a dos únicos destinos: Seguridad y Defensa.

El Ministerio de Hacienda pidió que un 62 % de esos fondos se destinen al Ramo de Justicia y Seguridad Pública; y un 38% al Ramo de la Defensa Nacional, en cada ejercicio fiscal.

LEA TAMBIÉN:Gobierno pide fijar destino de impuestos a telefonía y ganancias

En junio de 2017, la distribución de $74 millones recolectados aprobada por FMLN, Gana, PCN y PDC fue: 22 % para programas de la Presidencia de la República, 3 % a Hacienda, 16 % a Educación, 14 % a Defensa, 10 % a FGR y 37 % a Seguridad.

La primera normativa es un impuesto del 5 % a todos los servicios de telecomunicaciones y a los accesorios que adquieren los ciudadanos para usarlos.

El impuesto fue aprobado la noche del 29 de octubre de 2015 y su uso era definido mediante reformas solicitadas por el órgano Ejecutivo al Legislativo. Su vigencia vence en 2020.