El financiamiento para los compromisos del Estado durante la pandemia de COVID-19 está llegando a un punto muerto. La Asamblea Legislativa aprobó $3,000 millones para el gasto durante la emergencia nacional; sin embargo, no se han transferido los primeros créditos al Gobierno bajo el argumento de la falta de transparencia.
"En cuanto traiga ese presupuesto, ese tema puede andar", respondió esta madrugada Yanci Urbina, diputada del FMLN, ante la insistencia del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para que el congreso permita la transferencia de $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al presupuesto general.
Este crédito fue aprobado y ratificado, pero su traslado a las cuentas del Estado sufrió un impasse desde que se desintegró el Comité del Fondo de Emergencia, que presentaría informes de gasto y un presupuesto extraordinario. Desde entonces, diputados de Arena y del PDC han pedido al Gobierno que entregue informes por su cuenta, sin obtener respuestas satisfactorias.
La exigencia por los créditos surgió de nuevo al discutir el subsidio que debe garantizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para el salario de salvadoreños en cuarentena.
"El ISSS no puede disponer para el pago de remuneraciones de forma general (...) estaríamos trayendo a pérdida los recursos que podría ocupar el Seguro", explicó Fuentes.
Urbina respondió que los fondos no provienen de recursos del ISSS, sino de las autorizaciones de la Asamblea como parte de los $3,000 millones. "Hay que remitirnos al decreto 608 donde está considerado explícitamente el destino, en el artículo 11, para qué va, y dentro de eso está considerado el pago a subsidios de salarios de trabajadores", afirmó.
El titular de Hacienda trajo a cuenta que los recursos siguen en el pleno legislativo. "De nada sirve aprobar este decreto de emergencia, si del otro lado no hay un financiamiento aprobado para poder avanzar. Deberíamos avanzar en los $389 millones para asignación presupuestaria, porque una cosa no va separada de la otra", agregó Fuentes.
Ese mismo decreto incluye los compromisos que debe cubrir el Gobierno en ese proceso. El artículo 11 del decreto 608, que contiene la autorización de deuda para los $2,000 millones, establece la obligación de entregar un presupuesto extraordinario.
"Cuando haya traído ese presupuesto en la tarde, o a la hora que sea la plenaria, a esa hora lo vemos. Es un paso necesario para los siguientes y creo que es bueno recordarlo. En cuanto traiga ese presupuesto, ese tema puede andar", sentenció Urbina.
Fuentes ya adelantó en varias ocasiones que la falta de liquidez podría dejar al Estado sin fondos para el pago de salarios y compromisos financieros en junio.