El expresidente Mauricio Funes habló ayer de “conspiración”, “vendetta”, “cacería” y de una selección con un “criterio político”, al referirse a las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra funcionarios y exfuncionarios por indicios de enriquecimiento ilícito.
El exmandatario señaló que los indagados han sido escogidos en “forma arbitraria”. “Somos más de siete mil funcionarios los que deberíamos ser auditados, ¿por qué Funes, (Antonio) Saca, y por qué no los otros expresidentes?, está (Francisco) Flores, cae por su peso porque ya tiene un proceso abierto, ¿por qué no están los exvicepresidentes?, ¿por qué están Francisco Merino, Guillermo Gallegos, Jesús Grande, Rigoberto Soto, que dicho sea de paso participaron en la comisión tanto de CEL-Enel como la que investigó el caso de Francisco Flores?”, expresó.
Luego, ante la pregunta del entrevistador si se trata de una “revancha”, respondió: “A eso se debe la cita que hiciste de un programa que tuve, de una conspiración de parte de la Sala de lo Constitucional”.
Cuestionó que los “medios escritos se van contra el expresidente de la Asamblea Legislativa”, Sigfrido Reyes, y señaló que hay una “excesiva discrecionalidad” de los magistrados. Se refirió a que, en un programa, señaló una “cacería” y una “vendetta” por parte no de la CSJ, sino de “algunos magistrados”, ya que sostiene que casos relacionados a funcionarios de la gestión de Flores prescribieron. “No me cabe la menor duda que quienes estamos siendo auditados fuimos seleccionados por un criterio político, en el cual participaron estos dos magistrados (Sidney Blanco y Belarmino Jaime), afortunadamente la Corte Plena ya corrigió la plana y ha nombrado una comisión donde hay tres magistrados más”, dijo.
Funes aseguró que en su gestión realizó más de 80 viajes y que el 90 % fueron oficiales y que éstos no fueron pagados con fondos públicos. Aceptó haber viajado en aviones del expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez “Mecafé”.
Resguardo sobre viajes y publicidad
La Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia que, en 10 días hábiles, resguarde la información y remita una copia. La Sala analiza si se ha violado el derecho a la información.
