Cancillería firmó el acuerdo el 20 de septiembre. / DEM
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), considera que el acuerdo migratorio suscrito con EE.UU. el 20 de septiembre, crea “nuevas obligaciones legales” para El Salvador, por lo que requiere ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
El Departamento de Estudios Legales de Fusades publicó ayer su posición institucional frente a “los procedimientos jurídicos” del acuerdo, que entrará en vigor una vez se dé el intercambio de notas por ambos países.
El acuerdo “crea obligaciones para El Salvador con respecto a los reclamantes de asilo en los EE.UU., que no están contempladas en otras leyes” de la República, por lo que, según el tanque de pensamiento, debe pasar por aprobación legislativa.
El acuerdo sobre colaboración en el examen de reclamos de protección -el cual incluiría la recepción de solicitantes de asilo de terceros países-, “estaría expuesto a una declaración de inconstitucionalidad por no haber seguido el procedimiento exigido por la Constitución de El Salvador para la aprobación de los tratados internacionales”.
La institución cita el artículo 131 de la Constitución: “corresponde a la Asamblea Legislativa: (...) ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación”, en el caso que estén fuera de convenios internacionales.
El acuerdo migratorio fue firmado por el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, y la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.
¿Por qué ratificar?
No residentes
El acuerdo crea obligaciones para El Salvador con respecto a los reclamantes de asilo no nacionales en EE.UU.
Sobre la ley
El Acuerdo es de aplicación preferente a otras obligaciones del país, aunque sean normas de carácter internacional.
Nuevos procesos
El acuerdo obliga al país a crear instrumentos legales que contengan “procedimientos” para casos comprendidos dentro del acuerdo.