La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló hoy que existe un riesgo real de que la Sala de lo Constitucional sea tomada por poderes políticos en El Salvador, en la próxima renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, dijo que una elección de magistrados con vínculos políticos puede incluso revertir la jurisprudencia constitucional. "La vida en democracia en nuestro país está en juego. Ya no hay especulaciones sobre si se quiere controlar o no a la Sala", afirmó.
Fusades presentará mañana el documento "Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia", junto a la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
La institución advirtió que un retraso en la elección sería "muy delicado" por el vacío constitucional que generaría.
Los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González Bonilla, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y María Luz Regalado concluyen funciones el 15 de julio de 2018.
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Los primeros cuatro pertenecen a la Sala de lo Constitucional y han emitido resoluciones objetadas por partidos políticos, como declarar inconstitucionales nombramientos de funcionarios, ordenar el recuento de votos en San Salvador, dar paso a la votación por rostro, derogar la ley de amnistía de 1993, ordenar a los partidos que hagan elecciones internas y que den a conocer públicamente el origen y el destino de su financiamiento.
También, evalúa la suspensión de la deuda política a los partidos por no informar de manera completa de dónde proviene y a qué destinan específicamente su financiamiento.
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Piden afinar proceso
Las instituciones presentarán ideas para mejorar el proceso de selección de los magistrados de la CSJ. Piden mejorar los filtros a los candidatos a magistrados para mejorar la idoneidad.
Castro señaló que la delegación del proceso de preselección de candidatos a un reglamento de la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) podría ser inconstitucional y esto no permite una depuración adecuada de los aspirantes. Pidió que se incluyan requisitos planteados en la jurisprudencia constitucional. Además, mencionó que se han encontrado asociaciones de abogados que han tenido un componente vinculado a los partidos.
Señaló que las entrevistas a los candidatos se realicen sobre la base del expediente de cada candidato y no en preguntas generales como actualmente ocurre en la Asamblea Legislativa. Además, Castro mencionó que las corrientes jurídicas de los profesionales podría ser material de las entrevistas.
Las instituciones piden que los magistrados no tengan ninguna vinculación o subordinación política partidaria.
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