Fusades asegura que las pensiones están en riesgo. / DEM
El jefe del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, señaló ayer que la reforma a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) podría transgredir derechos constitucionales a la seguridad social, seguridad jurídica y a la propiedad.
Pidió al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que vete el decreto.
El representante de Fusades manifestó “una gran preocupación” por la reforma aprobada el jueves “de una forma atropellada”. Según Castro, se manda un mensaje negativo de que no se respetan los ahorros de los trabajadores y de que se cambian las reglas del juego en el país.
Fusades hizo objeciones en el contenido de la reforma, ya que es un “pago de deuda pública con el ahorro de los trabajadores”. Además, señaló que esta deuda debió haberse integrado al Presupuesto General de la Nación de 2016 y no se hizo.
Fusades dice que la reforma pone en peligro los ahorros de los trabajadores y, por tanto, es confiscatoria. La tildó de “un mecanismo abusivo” para tomar los ahorros de los trabajadores, que podrían recibir, en un futuro, “solo papeles”. Sostiene que la reforma provocaría un círculo indefinido de la deuda adquirida a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
“Cuando se estén dando estos vencimientos, se opte pagar con estos títulos... los ahorros, que son para tener una pensión, con este mecanismo, ¿dónde van a estar estos recursos?”, cuestionó el jefe del Departamento.
La reforma busca que el Estado no caiga en impago, ya que autoriza al Banco de Desarrollo de El Salvador a que emita Certificados de Inversión Previsional para cumplir obligaciones previsionales, es decir, que pueda pagar CIP que adeude.
El Gobierno debe reintegrar el capital e intereses de CIP que vencen el 7 de octubre. Los CIP son certificados que emite el Estado para que las administradoras de fondos de pensiones (AFP), a través del FOP, inviertan en éstos una porción de los ahorros de los cotizantes, por ley.
Ayer, tanto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y la diputada Lorena Peña, del FMLN, subrayaron que no se ha modificado el mínimo que las AFP deben invertir en los CIP por ley, 45 %.