El Gobierno ha ejecutado más de $500 millones en emergencias por COVID-19. / DEM
El detalle de las compras millonarias que se realizan durante la emergencia por el COVID-19 no debería ser mantenida embargada de acuerdo a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
La investigadora del Departamento de Estudios Legales de esa institución asegura que están preocupados por los plazos suspendidos en el acceso a la información pública, lo que permite que las instituciones públicas no informen qué compraron, cuánto les costó y a quienes compraron.
El Ejecutivo ha tenido disponibles un total de $1,343.6 millones, incluyendo los $389 millones del FMI.
El director del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, Álvaro Trigueros, hizo un recuento del efectivo con el que ha dispuesto el Gobierno durante este año. El 10 de marzo, Hacienda colocó $205.1 millones de Certificados de la Tesorería (Cetes) a un interés del 5 % anual, con vencimiento el 12 de diciembre de 2020.
El 27 de marzo de 2020, colocó $400 millones Letras del Tesoro (Letes) a un 9.5 % de interés anual, con vencimientos el 27 de febrero y marzo de 2021.
A ello le suma un préstamo de $46 millones del JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón), una reorientación de $25 millones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y $278.5 millones de Cetes colocados el 16 de abril de 2020 a un interés del 9.5 % que pagará el Estado y un vencimiento del 17 de abril de 2021.
Fusades cree que el Ejecutivo tiene facultad para realizar compras directas en emergencias, ya que es normal en todos los países, pero estas deben ser transparentes, mostrando montos, proveedores, beneficiarios, insumos adquiridos, entre otros.
“La transparencia es un pilar fundamental en todo Estado democrático, es rendir cuentas de una forma eficiente, la eficiencia y la transparencia no son contrarios, se complementan”, dijo la investigadora de Fusades.
