El presidente Nayib Bukele mantiene amplias diferencias con el órgano legislativo. / CAPRES
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) cree que es imperativo que el Poder Ejecutivo opte por el diálogo para fomentar espacios de colaboración en la búsqueda de alternativas para la protección del empleo y de los ingresos de la población, luego de la crisis por el COVID-19.
La caída de ingresos por la inactividad laboral de la población salvadoreña está socavando incluso las finanzas del Estado: el Ministerio de Hacienda calcula que provocará un agujero de $700 millones en sus finanzas, por los impuestos que no recaudará.
Según Fusades, un tanque de pensamiento de la cual el Gobierno suele distanciar sus posturas, las diferencias del Ejecutivo y las principales gremiales empresariales generan “incertidumbre” sobre posibles acuerdos nacionales para reactivar la economía y la generación de empleo, luego de la crisis de la pandemia.
“La narrativa de confrontación y la exclusión de sectores clave socava la confianza entre los actores y dificulta el desarrollo de intervenciones sólidas, inclusivas y sostenibles”, concluye Fusades, en el análisis “Algunas reflexiones sobre el COVID-19, el desempeño de los sistemas políticos y la democracia”, divulgado este viernes.
El órgano legislativo ha aprobado al menos 20 decretos relacionadas a la emergencia nacional por el COVID-19, con un promedio de votación de 66 votos, es decir, con la participación de los partidos Arena y FMLN, que suman 60.
Fusades advierte que la experiencia internacional indica que “la articulación de esfuerzos es clave” para tomar medidas informadas y efectivas en la crisis contra el COVID-19 y ayuda a crear un sentido de “compromiso compartido” en procesos de largo plazo.
Falta debate político
De acuerdo a Fusades, debería haber debate político sobre las consecuencias sociales y económicas de las acciones contra la pandemia.
Así mismo, señala Fusades, hay “pocas discusiones sobre los límites legales de los presidentes para emitir decretos que supongan restricciones a los derechos básicos” como la circulación y la reunión; debates que generan legitimidad y efectividad de medidas, en lugar de asumir decisiones unilaterales e inconsultas.
La falta de acuerdos, según la institución, puede aprovecharse para impulsar medidas populistas de altos costos.
