El veto a la “Ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN”, de siete páginas y firmado por el mandatario, fue recibido ayer por el pleno legislativo.
El presidente argumentó que la Sala de lo Constitucional pronunció una sentencia el 26 de julio de 2017 en la cual indica que “a fin de garantizar un presupuesto equilibrado”, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben “tomar las medidas necesarias para evitar la aprobación de gastos no prioritarios, excesivos o injustificados”, incoherentes con la situación fiscal estatal.
La acusación: Al observar un decreto legislativo para habilitar a directores de la Siget, manifiesta que la Sala defrauda la Constitución.
Luego, citó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional exige un “equilibrio financiero” entre “ingresos, egresos y fuentes de financiamiento” del presupuesto, por lo que tilda la ley de “inviable financiera y constitucionalmente”, porque consideró que los diputados estaban “obligados” a atender estas disposiciones legales.
El tono del Presidente hacia la Sala de lo Constitucional dista, sin embargo, de este respaldo cuando observó el decreto que habilita a directores electos en 2010 de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) a que continúen en el cargo hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva una demanda de amparo contra la elección de Marcos Gregorio Sánchez Trejo y Félix Cantalicio Cándido como propietario y suplente en la Siget, como representantes del sector privado.
El gobernante dice que el decreto “amenaza la forma y sistema de gobierno” y que “tampoco puede permitísele a los tribunales interferir en la conformación de los órganos de dirección”, pues “se defrauda la Constitución”.
El uso de su fallo: Cita la sentencia de la Sala de lo Constitucional que exige equilibrio presupuestario.
También tilda el decreto de la Asamblea de ser un aval sin profunda reflexión a una “decisión judicial insólita” que “invade la zona” del órgano legislativo; y señaló que asume “competencias que la Constitución y la ley no les confieren”.
Así, sugirió agregar al decreto que se habilite a los directores electos en 2010 hasta que la elija a los nuevos directores por el sector privado.