Los seis candidatos, tres a comisionados propietarios y tres a suplentes, fueron elegidos el pasado 11 de mayo en una votación dirigida por el Minec. Será el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien elija a un comisionado propietario y su suplente de los candidatos.
El Minec rechaza que la participación de las cooperativas como votantes en la representación de las “asociaciones empresariales” sea ilegal y argumenta que el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo en la celebración del año internacional de las cooperativas que éstas “han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable”.
El Minec inscribió, entre los electores representantes del sector empresarial, a seis federaciones de cooperativas entre los 29 electores inscritos.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha anunciado demandas de amparo contra la elección, porque consideran que hubo un bloqueo a la participación de organizaciones representantes de la empresa privada.
Los argumentos de la ANEP son: se incluyó a las cooperativas como representantes empresariales y no se permitió que el voto de las organizaciones fuera ejercido por un delegado, sino por los titulares.
El comunicado del Minec argumentó que reconocen “la importancia de las asociaciones cooperativas en la vida económica del país” y por tanto “gozan de los mismos derechos de participación que cualquier empresa privada o gremial empresarial”. Citó frases del secretario ejecutivo de la CEPAL y al Ministerio de Economía de Colombia en las que califican las cooperativas como modelos empresariales.
El IAIP tiene cinco comisionados elegidos de ternas propuestas por: asociaciones empresariales, asociaciones profesionales, universidades, asociaciones de periodistas y sindicatos autorizados, según el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Minec cita el literal “e” del artículo 70 del reglamento de la ley, aprobado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, que indica que el voto “será ejercido de manera directa por el representante legal” de la entidad acreditada.
Ello impidió que ocho entidades privadas participaran, debido a que no fue aceptado el delegado para la votación.
