Foto: Edgardo Rivera./DEM
El vicepresidente Óscar Ortiz y el gabinete de seguridad, presentaron esta mañana a la Asamblea Legislativa, seis iniciativas entre las que figura un incremento de penas para quienes atenten contra miembros de seguridad pública.
Según las autoridades, las penas mínimas serían de hasta 50 años y se excluirían beneficios como libertad condicional para quienes participen en este tipo de hechos.
Otra de las iniciativas que proponen es la aprobación de un decreto especial con disposiciones para la protección de miembros de Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada, Centros Penales, Fiscalía General de la República (FGR) y Órgano Judicial.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde dijo que otra de las disposiciones es que los elementos de seguridad que sean amenazados puedan solicitar a jueces medidas de protección.
Ramírez Landaverde detalló que también buscan asistencia a familias de miembros de seguridad muertos en el cumplimiento del deber.
Asimismo, el gabinete de seguridad, propone reformas a ley orgánica de la PNC, a la ley contra el lavado dinero y de activos y a la ley especial contra el delito de extorsión.
El ministro indicó que han propuesto crear una estructura de inteligencia financiera en la policía que se dedicaría a la obtención de información y análisis sobre casos de extorsión. Mientras que en el caso de las reformas a ley contra el lavado, estas serían para los órganos obligados a reportar operaciones financieras reporten a la PNC. Sobre la ley contra extorsión sostuvo que quieren dar facultades al Ministerio de Justicia para representar a víctimas y que estas no sean obligadas a comparecer a diligencias judiciales o administrativas, así como facilitar medidas cautelares sobre bienes, cuentas bancarias y activos de estructuras o colaboradores
Finalmente, la última propuesta se refiere a la distribución de recursos de la contribución especial.