Quince días de cuarentena domiciliar con excepciones y centros de cuarentena pidió la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa para poder bajar la curva de los casos de COVID-19 en El Salvador.
El proyecto de decreto “Régimen de excepción de derechos fundamentales concretos para atender la pandemia por COVID-19” fue presentado ayer al final de la tarde a la Asamblea.
El régimen suspendería tres derechos constitucionales: libre circulación, derecho a la reunión y a la libertad de estar en su domicilio.
Habría cuarentena controlada para quienes incumplan el resguardo familia o ingresen del extranjero, con excepciones similares de la cuarentena domiciliar vigente hasta el 16 de junio.
El asesor jurídico presidencial Javier Argueta aclaró que las fases económicas serán decididas por el Órgano Ejecutivo. “Las fases las deberá ir decidiendo el Órgano Ejecutivo, qué sectores deberán ir abriendo y qué sectores deberán cerrar inmediatamente”, dijo.
Ayer, antes de la presentación del proyecto, algunos diputados rechazaron cualquier restricción de derechos constitucionales. “Todo este repunte de casos no es porque abrió la economía”, expresó ayer Carlos Reyes, jefe de la fracción de Arena. Schafik Hándal, subjefe de fracción del FMLN, se inclinó que se declare cerco sanitario focalizado. “Estados de excepción, nosotros no votamos”, dijo.
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) consideró la decisión un retroceso al avance en la reactivación económica.
Prevén 20 mil casos
El asesor Javier Argueta explicó que se hizo un análisis sobre qué pasaría si llegamos al 2 de agosto con cuarentena y sin cuarentena y lanzó una advertencia a los diputados.
“Si al día 2 de agosto no se tiene un régimen de excepción, entonces, la letalidad de muerte puede ser bastante fuerte, aun y cuando el sistema de salud de nuestro país es uno de los mejores de Latinoamérica”, dijo. El escenario con cuarentena alcanzaría a 6,434 casos, pero, si no se mantiene, se llegaría a 20,437 casos.
Argueta dijo que queda en manos de Arena, FMLN y del diputado Rodolfo Parker. “Si no están de acuerdo con el régimen de excepción, será responsabilidad de los diputados todo lo que venga, esto no es una responsabilidad solo civil sino hasta penal”, expresó. Agregó que muchos diputados le han llamado “que se les han muerto familiares”.