Roberto Burgos, abogado e investigador


¿Cuál cree que fue el logro del tercer año de gobierno de Sánchez Cerén?

Se ha mantenido lo que tiene que ver con la ayuda a los niños que forman parte del sistema de educación nacional, los alimentos, los zapatos, los útiles y los uniformes; indudablemente son aspectos sociales que podrán ser muy cuestionados, pero creo que benefician directamente a miles de familias salvadoreñas que son del sector menos privilegiado del país, hay cuestionamientos válidos sobre el tema de los subsidios, ojalá que futuros gobiernos puedan mantenerlo y desarrollarlo más ampliamente.

 

¿Cuál es el principal fracaso que ha tenido este gobierno de Sánchez Cerén?

Me preocupa la remilitarización de la seguridad pública, impacta en la calidad de la democracia, impacta negativamente en las libertades y en los derechos fundamentales, ¿por qué me parece que este es un aspecto muy grave en este tercer año de gobierno y octavo año de gobierno del FMLN?, fue un logro de los acuerdos de paz, separar las funciones de defensa nacional y de seguridad pública; no solo se ha remilitarizado la seguridad pública, sino que además los resultados siguen siendo muy bajos. Las últimas encuestas de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA señalan como una de las tres causas que más destaca la gran cantidad de salvadoreños que están migrando fuera, es la mala gestión gubernamental, los problemas de inseguridad y el desempleo; los primeros dos tienen que ver con el aparato de seguridad, el cual una vez remilitarizado va ser muy difícil devolverle su perfil de Policía civil, separada de las fuerzas armadas y peor aún en una reforma que afecta la calidad de la democracia pero que además no está dando los resultados esperados.

 

¿Cómo vería la creación de comités de autodefensa civil, propuestas como juzgar a los menores como adultos?

La idea de volver a armar defensas civiles lamentablemente ha gozado de votos de derecha e izquierda; es una declaración de intenciones que pasa por reconocer que el mismo Estado ha fracasado en su gestión, del sistema de seguridad pública. Cuando se plantea la posibilidad que, además de este dispositivo muy publicitado por el Gobierno, se pretende recurrir armar a las personas que no están preparadas para ello, pasa en reconocer el fracaso de este sistema militarizado de seguridad pública. Como lo señaló en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1992 señaló la responsabilidad del Estado en evitar la proliferación de defensas civiles por su vinculación directa en graves violaciones de derechos humanos. Un informe de la Comisión de la Verdad señala dos casos (monjas Marignol y masacre de Las Hojas) se mantienen en la impunidad, la CIDH le pidió al Estado que eliminara el sistema de defensas civiles patrióticas de la Brigada Primera de Infantería a iniciativa del coronel Juan Orlando Zepeda. Eso de armar grupos paramilitares no solo no ha dado resultado sino que ha llevado a abusos de autoridad entre los ciudadanos y a una criminalización de conductas que son más problemas sociales.

 

¿Cuál sería la apuesta necesaria para que el Gobierno pueda enfrentar los problemas de inseguridad?

Ha habido tanto dinero para hacer diagnósticos, creo que la prevención sigue siendo importante, pero la represión también. Más importante aún es tener capacidad de inteligencia estatal. El Organismo de Inteligencia del Estado hasta ha servido para ocultar gastos y mantener en secreto una amplia discrecionalidad de la cual se valen muchos para enriquecerse, esto ha sido una herencia de gobiernos anteriores como se ha conocido recientemente. La inteligencia es una de las grandes carencias de este país, no hay analistas de inteligencia capaces de anticipar las conductas criminales, hay una comunidad de inteligencia que parece dispersa, no hay coordinación interinstitucional y la cooperación internacional sigue siendo una herramienta a disponibilidad. Hay un creciente apoyo a la formación de una comisión parecida a la de Guatemala, la población que dice sí apoyaríamos una comisión internacional…

 

¿Cree que es necesaria una comisión internacional contra la corrupción?

Sí, porque necesitamos tecnificar a la Fiscalía, parece mentira pero en el órgano judicial se sigue buscando la condena de presuntos delincuentes a través de testigos criteriados o secretos, y hemos visto casos lamentables como el del joven Daniel Alemán porque el sistema tampoco quiere reconocer que se ha equivocado, los equipos de trabajo de la Policía de levantamiento de la escena del delito han sido rebasados. Una comisión, como ya se quiso hacer en la época del presidente (Mauricio) Funes, aunque ahora parece que se les ha olvidado, podría trasladar herramientas nuevas tanto en prevención como análisis de inteligencia y también de represión. Necesitamos desarmar estructuras criminales que funcionan en el país, necesitamos más analistas que nos permitan privarles de productos financieros que a estas estructuras les permite tenerlas vivas, la extorsión suma millones, se invierte, el dinero está circulando y pareciera que no hay nadie analizando los flujos de dinero.

 

¿Lo motiva la incapacidad o los intereses?

Ambas. En 2010, octubre, en una conversación con la entonces inspectora de la PNC, Zaira Navas, ella me trasladaba las órdenes del ministro de Seguridad, quien estaría trasladando las órdenes de la Presidencia, yo trabajaba como asesor en la Inspectoría, se me indicó que había que hacer los análisis correspondientes para crear una Cicosal, una Comisión Internacional contra el Crimen Organizado. Se creó un diseño de una comisión que iba a traer un equipo de fiscales, dotarles de nuevas herramientas, escuchas, videovigilancia, todo con garantías constitucionales. Los fiscales están saturados, además, con aproximadamente 160 casos cada uno. Es imposible. A través de otros datos preocupantes, la distribución de fiscales por departamento, la mayoría son mujeres, implica mayores riesgos a pesar de su innegable capacidad. No solo vendría a dotar de herramientas técnicas sino a liberar a los fiscales de las presiones políticas. El mismo fiscal ha dicho que ha habido vigilancia sobre su persona, presiones, falta de recursos financieros. Por eso en su momento comenzó la Comisión de la Verdad en 1993.

 

¿Por qué cree que este Gobierno desistió de solicitar una comisión internacional similar?

Ponerse a investigar las redes criminales pasa por reconocer la tolerancia y participación de funcionarios públicos, no pueden funcionar las redes de lavado de activos, de narcotráfico, ni siquiera el tráfico de personas, de especies animales, bienes arqueológicos, si no es con la tolerancia de funcionarios policiales, aduanas, diputados de la Asamblea, gente que se vale del fuero que le da el cargo o del poder económico. Eso es lo difícil, reconocer que la estructura criminal ha rebasado a la estructura estatal y que ha habido tolerancia de funcionarios de partidos para que estas cosas se mantengan. No ha sido un secreto la relación del vicepresidente de la República con una persona relacionada a conductas relacionadas con el narcotráfico. Esa es una situación grave que merece una explicación. Hemos visto cómo diputados están siendo investigados, capitales que no tienen correspondencia con lo que ganan. Esa es la dura prueba para un Gobierno cuando acepta una comisión internacional, reconocer que no tiene más capacidad y que el crimen organizado ha llegado hasta las esferas de poder.

 

ARENA y FMLN se señalan mutuamente de corrupción, del uso de la partida secreta, los sobresueldos, ¿cómo puede la Fiscalía encontrar la verdad en un ambiente preelectoral?

Aquí entramos al tema de la impunidad, falta de investigación, procesamiento y sanción contra aquellos que cometen delitos y violan derechos humanos. La corrupción es una forma de violar derechos humanos porque priva a grandes sectores de la población a resolver sus necesidades más básicas. Ha habido una connivencia, complicidad, entre la clase política de tapar la corrupción del otro. Desde 2012, cuando entra en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, comenzamos a solicitar información sobre asesores, salarios, la información nos fue negada, fue necesario llevar el caso a la Sala de lo Constitucional para que ésta ordenara revelar, incluso otros datos. En el caso del órgano Ejecutivo es más de lo mismo. Tampoco se quiso dar (los viajes del expresidente Funes, su esposa y comitiva), después logramos indagar los viajes del exfiscal general. Esos privilegios han sido disfrutados por toda la clase política, independientemente del partido político al que pertenecen, después es tan difícil exigir justicia, reformas legales, un comportamiento ético. En diciembre pasado, un grupo de ciudadanos denunciamos al presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, por supuestamente haber autorizado la entrega de fondos a una ONG que dirigía su esposa, también al presidente de ANDA por negarse a dar entrevistas a los periodistas, todas estas clases de conducta deberían ser consideradas lo suficientemente grave; sin embargo, parece que los intentos ciudadanos se estrellan en el muro de impunidad. Si se siguen valiendo de estos privilegios para acumular riqueza, financiar campañas, los políticos van a seguir cubriéndose uno al otro. Por eso la alternativa es más organización ciudadana.

 

¿Qué nota le daría en transparencia al Ejecutivo?

Cinco, igual que lo califica la organización Transparencia Internacional. El Salvador está estancado, de un año para acá, la situación se ha agravado, es un gobierno porque se caracteriza por invertir mucho en propaganda y menos en la facilitación de datos reales que le permitan a los ciudadanos contar con información relevante que le permita saber cómo se están conduciendo los asuntos de la nación. La información relevante tiene que ver sobre el uso y facultades discrecionales, la idea es que los funcionarios se rijan por el principio de legalidad y cada vez menos por la facultad de discrecionalidad que les permite, por ejemplo, gastar en restaurantes (CEPA), quemar documentos (Ministerio de Economía), cuándo va a montar una conferencia con todos los jefes militares (Defensa). El gobierno central sigue teniendo amplias reservas de información pública. Se sigue manejando con secretividad aquella información que puede ser objeto de crítica de la población. El gobierno sigue manteniendo que la transparencia es un asunto más propagandístico que un asunto más del control del poder.

 

Roberto Burgos

Abogado. Investigador del periódico electrónico El Faro. Exdirector ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), fue coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) hasta enero de 2016. Graduado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) con estudios en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa con sede en Washington D.C. sobre seguridad, defensa y antiterrrorismo. Trabajó en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en casos Ramón Mauricio García Prieto y del crimen y violación de la menor Katya Natalia Miranda Jiménez. Asesoró en la Asamblea Legislativa al exdiputado y ahora ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.