Convocarán a 300 jóvenes
Hacienda anunció que lanzarán una convocatoria para un programa de formación de capital humano para incorporar nuevos auditores o elementos para el plan antievasión.
“Vamos a hacer una convocatoria que rondará los 300 jóvenes para ayudarnos a desarrollar este trabajo, ellos entrarán al programa de formación de capital humano, actualmente tenemos alrededor de 250”, afirmó. Añadió que ya tienen desplegados coordinadores y supervisores en las alcaldías. “Necesitamos renovar nuestro capital humano y qué mejor que formar que incorporar a gente que se está formando con nosotros, y que poco a poco se irán incorporando a las plazas del Ministerio de Hacienda”, explicó.
Alcaldías obligadas según decreto
La ley aprobada obliga a las alcaldías a “prestar toda la colaboración necesaria e indispensable” para las auditorías, entregando en un máximo de 10 hábiles la documentación requerida.
El decreto se refiere específicamente a los fondos transferidos a las alcaldías por los decretos legislativos 608 y 73: el primero fue aprobado en marzo de 2020 y el segundo en junio de 2021. De acuerdo al decreto, el resultado de las auditorías “será comunicado a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la República”.
¿Delito de Corte de Cuentas?
El ministro de Hacienda aseguró la posibilidad de que auditores o magistrados estén involucrados en posible delito de tráfico de influencia, por ejemplo, si hay finiquitos emitidos a funcionarios implicados en irregularidades en las alcaldías.
Zelaya también detalló que Hacienda no tiene fuerza probatoria porque no pueden incautar documentación original pero sí pueden comparar documentación y certificar copias.
“Yo lo que voy a trazar es la hoja de ruta para que tanto Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República realicen un trabajo mucho más fácil para ellos, que no solo es su facultad sino su deber”, dijo el ministro. El funcionario dijo que hay alcaldías “que tienen 6-7 años de atraso en su contabilidad”. Mencionó que la alcaldía tenía 4-5 años de retraso debido a la captura del alcalde por negociaciones con pandillas.