“Pareciera que Proesa quiere intervenir en todas las fases del proyecto, no puede haber un líder del proyecto cuando ellos son los que han hecho la precalificación”, observó el director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes.
El proyecto de reforma a la Ley de Asocios Público Privados, solicitado a la Asamblea Legislativa en marzo por el Ministerio de Economía (Minec), delega facultades de las instituciones contratantes del Estado sobre la precalificación hasta la evaluación de ofertas a Proesa, según el artículo 34. El proyecto es consultado por una subcomisión legislativa.
Fuentes aseguró, ante los diputados, que no se pueden quitar funciones que ya tiene la Dirección General de Inversión y Crédito Público, que califica la inversión con normas técnicas según el artículo 97-A de la ley de Administración Financiera del Estado.
El Minec pide que Proesa dirija todos los procesos de licitación de las inversiones de APP en áreas públicas manejadas por las instituciones del Estado, como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), ministerios de Seguridad, Salud y Educación, entre otros.
Hacienda rechazó también que se le elimine una de las dos aprobaciones de la Asamblea Legislativa necesarias para un APP, lo cual “puede ir en contra de las finanzas públicas del Estado”. Según Rolando Mata, esto podría implicar incluso que una empresa pueda demandar al Estado.
La diputada de ARENA, Margarita Escobar, preguntó a Hacienda qué alternativa tienen ante la imposibilidad de que Proesa dirija los proyectos que las APP ejecutarán en las instituciones del Estado.
El problema, según Hacienda, es que Proesa no puede ser “juez y parte” en estos proyectos.
“Las funciones de aprobación, de resolución, de (ser) líder del proyecto, de crear las bases de licitación, de designar a funcionarios de Proesa en la ejecución, eso lo dejamos claro en relación de que aquí nadie puede ser juez y parte”, afirmó Fuentes.
Al final de la reunión, diputados de ARENA, FMLN y GANA estaban convencidos que hay inconstitucionalidades o ilegalidad en el proyecto, aunque destacaron que “nadie” se ha manifestado en contra de las reformas a la ley de los APP que pretende facilitar la inversión de estos en actividades estatales.
Ana Vilma de Escobar, diputada por ARENA, consideró que las funciones que se le dan son demasiadas a una sola institución “que ni siquiera es secretaría de Estado”. Francisco Zablah, de GANA; y Rolando Mata, del FMLN, también llamaron a corregir el proyecto de reforma enviado por el Minec.