Se trata del anticipo de deuda política, que es una parte de la asignación presupuestaria que Hacienda calcula con base en los votos obtenidos por cada partido en la más reciente elección.
El total erogado del Estado para los partidos desde noviembre de 2017 hasta el 23 de enero de 2018 es $6,910,639.82, como anticipo de un financiamiento público que calcula en $11,406,111.94.
El FMLN recibió un total de $2,939,749.19; poco después, ARENA recibió $3,143,284.19; luego, el PCN recibió $634,747.48 y el anticipo más reciente fue realizado al PDC, por $201,858.96.
En las cuatro resoluciones, firmados por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el viceministro, Roberto Solórzano, Hacienda argumenta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les informó que los partidos políticos cumplieron con requisitos de rendición de cuentas de su financiamiento de 2014 y 2015. El TSE ha negado que ellos avalen la entrega de la deuda política.
El argumento
La estructura de cada resolución del Ministerio de Hacienda es similar. La más reciente a la que tuvo acceso Diario El Mundo fue tomada el 15 de enero de 2018. Primero, Hacienda verifica que sea un partido político inscrito y que su representante legal es legítimo, la cantidad de votos obtenidos en 2015 y luego expone la razón por la cual decidieron entregar el anticipo a cada partido.
Explica que Hacienda pidió el 6 de octubre 2017 al TSE que informara “cuáles son los partidos políticos que le han dado el debido cumplimiento a la Sala de lo Constitucional... a fin de poder tramitar los procesos administrativos de pago de la deuda política”.
Hacienda señala que en una nota del 16 de noviembre de 2017 del TSE, se explica que el Tribunal exigió a los partidos que rindieran cuenta de su financiamiento de 2014 y 2015, y que “dentro de los que cumplieron dicho requisito se encuentra el PDC”, por lo cual los candidatos serían inscritos. La resolución es similar con el resto de partidos políticos.
De acuerdo al abogado Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana (AC), el reporte que hace el TSE no habilita de ninguna manera el pago de la deuda política, ya que el Tribunal solo dice que a su criterio los partidos políticos han cumplido condiciones en materia de transparencia.
“Eso no deja sin valor la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, esa medida está vigente y, aunque el Tribunal diga que los partidos políticos, de ninguna manera invalida la resolución de la Sala”, afirmó. Para Escobar, es una decisión “unilateral” del ministro de Hacienda que inobserva el fallo de la Sala.
La Sala de lo Constitucional aún no resuelve si solicita un informe al Ministerio de Hacienda para que explique por qué ha entregado los montos correspondientes a la deuda política; tampoco ha resuelto si la medida cautelar sigue vigente o la revoca. Escobar considera que una resolución de la Sala podría provocar que los partidos políticos regresen los montos entregados, aunque es un escenario que considera difícil.
El 8 de septiembre de 2017, la Sala congeló la entrega de la deuda política y la condicionó a que los partidos políticos rindieran cuentas del origen y el destino de los fondos de campaña de 2014 y 2015.
La razón
Aunque el TSE rechace que haya avalado la entrega de la deuda política a los partidos, Hacienda sigue fundamentando su decisión en una nota del TSE.
