Según el IAIP, se estaría retrocediendo sobre compromisos adquiridos como Estado salvadoreño ante instancias internacionales en generar mecanismos de transparencia que combatan la corrupción.
El IAIP anunció que iniciará un análisis interno para evaluar si existe una infracción a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), lo cual podría terminar en un proceso sancionatorio.
La Corte decidió “no acatar la resolución” del IAIP, que el 30 de julio le ordenó entregar versiones públicas de los informes de la Sección de Probidad sobre el presunto enriquecimiento ilícito de casos resueltos en 2018, y además certifican la resolución a la Sala de lo Constitucional.