El IAIP se encarga de dirimir qué información es pública y cuál no.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revirtió el criterio en El Salvador que permitía conocer nombres y otros datos de los empleados públicos a los ciudadanos.
En un escrito firmado por el presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, dirigido a la oficial de información de la Universidad de El Salvador (UES) –quien le pide orientación–, detalla que el IAIP resolvió en abril de 2021 que la información sobre los empleados públicos puede ser conocida solo cuando dichos empleados lo autoricen.
“Dichos datos podrán ser conocidos por los particulares siempre y cuando exista consentimiento de los titulares de los datos –servidores públicos– o en los casos contemplados en el artículo 34 de la LAIP”, dice el presidente del IAIP, en la carta a la oficial de información de la UES.
Las excepciones de divulgación de información de datos personales, reguladas en el artículo 34, son: razones estadísticas o de interés general, cuando se transmitan entre entes obligados, cuando se investiguen delitos o para la prestación de servicios.
En esencia, esto vuelve casi imposible rastrear casos de nepotismo o nepotismo cruzado por parte de la población”. Carlos Palomo, Presidente de Tracoda
Los argumentos.
El presidente del IAIP cita la resolución del IAIP las 9:18 del 30 de abril de 2021 en el caso NUE 129-A-2020, en la cual el Instituto adopta la interpretación de la Sala de lo Contencioso Administrativo en su resolución del 16 de noviembre de 2020.
“Resultaría contradictorio, antojadizo y arbitrario emitir fallos alejados de la interpretación de la máxima intérprete en materia administrativa”, dice el IAIP en esa resolución emitida a finales de abril.
Luego, Gómez Guerrero explica que la incidencia en el ejercicio de la función pública de los empleados públicos no es una “razón suficiente para vulnerar el derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos”.
Señala que las labores de colaboración de dichos empleados “se encuentran supeditadas a la decisión final y exclusiva de los funcionarios”.
No hay duda de que va a tener una influencia sobre las decisiones que tomen de aquí en adelante los oficiales de información”. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana
La recomendación.
En su respuesta, el presidente del IAIP le dice a una oficial de información pública que “deberá elaborarse la correspondiente versión pública”, “ocultando los datos personales y demás datos sensibles que permitan identificar al servicio público”.
Impide indagar casos de nepotismo.
Los promotores salvadoreños de acceso a información pública rechazaron las resoluciones del IAIP y de la Sala de lo Contencioso Administrativo; la consideraron un retroceso.
Carlos Palomo, presidente de Tracoda, considera que “esto vuelve casi imposible rastrear casos de nepotismo o nepotismo cruzado por parte de la población”. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, cree que esta decisión sí tendrá influencia en las decisiones que tomen los oficiales de información, negando información sobre los empleados públicos.
Durante los anteriores gobiernos, medios de comunicación encontraron relaciones familiares en el Estado gracias a información de planillas de empleados públicos en instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Legislativa.
El Instituto de Acceso a la Información Pública
El Instituto de Acceso a la Información Pública fue aprobada el 2 de diciembre de 2010 durante la gestión de Mauricio Funes, expresidente salvadoreño cuya auditoría patrimonial fue divulgada gracias al IAIP.
- Diciembre 2 de 2020
Luego de una larga discusión, finalmente Arena y FMLN, respaldaron la creación de la ley que creó el Instituto de Acceso a Información.
- Enero 5 de 2011
El entonces presidente devolvió la Ley de Acceso a la Información Pública con observaciones. La Asamblea las aceptó parcialmente.
- Septiembre 1 de 2015
El IAIP le ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar las auditorías patrimoniales de los tres expresidentes Flores, Saca y Funes.
- Julio 30 de 2019
El IAIP ordena a la CSJ entregar los informes o auditorías de probidad de los casos resueltos en 2018 incluido del presidente actual.
- Julio 23 de 2017
La CSJ reserva las auditorías patrimoniales por siete años y para los funcionarios que hayan sido exonerados en las investigaciones.