Idhuca envió informes a ambos organismos sobre " lo que está ocurriendo en El Salvador... y sus preocupaciones en cuanto a la protección y defensa de estos derechos" por las medidas del Gobierno. Foto: Archivo
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), emitió un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el régimen de excepción en El Salvador, que restringe tres garantías constitucionales para combatir la pandemia de COVID-19.
A través de un comunicado de prensa difundido hoy, el Idhuca establece que trasladó dos cartas-informe a ambos organismos "con información de lo que está ocurriendo en El Salvador, así como las preocupaciones que existen en cuanto a la promoción, protección y defensa de estos derechos" por las medidas del Gobierno.
El domingo 29 de marzo venció la suspensión temporal de derechos constitucionales, y se promulgó una nueva ley, restringiendo las mismas garantías de los salvadoreños: la libertad de tránsito, el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.
Respecto a ambos decretos, el Idhuca expuso al menos ocho preocupaciones explícitas al sistema internacional de derechos humanos, con el propósito de "promover que las decisiones estatales respeten el marco nacional e internacional del Estado de Derecho".
"El objetivo de presentar las limitaciones en la gestión de las medidas que consideramos necesarias no es que se dejen de implementar, si no que se implementen bien", puntualizó la institución.
Contenido del informe
Entre los puntos que alertan a Idhuca, están los siguientes:
- 1. Garantías fundamentales
El respeto a las garantías y libertades fundamentales descritas en la Constitución de la República, en cuanto a la aplicación del régimen de excepción y las detenciones que se han realizado.
El Gobierno sostiene que no existen detenciones, solo "retenciones con fines sanitarios", y se reportan 712 retenidos en el portal de información. La actual ley obliga al Gobierno a aplicarlo cumpliendo el hábeas corpus 148-2020, que dicta que la persona puede ser puesta en “internamiento forzoso con fines sanitarios” en un centro de contención o de cuarentena si ha sido expuesta al contagio. - 2. Información limitada sobre medidas
El Idhuca sostiene que hay poca información sobre las formas y mecanismos de aplicación de las políticas y medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales. - 3. Bloqueo a PDDH
Según el instituto, existe un bloqueo sistemático y pocos recursos asignados para garantizar la operación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. - 4. Cuarentena prolongada y pocas pruebas
Señalan que el plazo extendido de la cuarentena para centros de contención (30 días) está extralimitada; y se dificulta el acceso a las pruebas de laboratorio en relación al creciente número de albergados. Actualmente hay 4,098 personas en centros de contención. - 5. Precariedad en hospitales y centros de contención
Se incluyó en el informe la precariedad que existe en las instalaciones de muchos centros de contención y la deficiente atención médica en los hospitales asignados para recibir a las personas en cuarentena. Dos personas de la tercera edad fallecieron el 27 y 28 de marzo en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña. Sus familia señala negligencia médica. - 6. Integración de centros de cuarentena
Idhuca señaló que el Gobierno ha integrado centros de cuarentena sin importar los países de donde provienen los albergados, o las fechas de cuando ingresaron, mezclándose pacientes con distintos niveles de riesgo y exponiéndolos al contagio. - 7. Ataques contra defensores
El instituto denunció que hay "ataque o descrédito contra organizaciones defensoras de derechos humanos", luego de presentar propuestas conforme a su labor, "por parte de funcionarios públicos de alto nivel". El presidente de la República, Nayib Bukele, fue increpado el fin de semana por Amnistía Internacional y Human Rights Watch por cuestionar a organizaciones que critican las medidas. - 8. Falta de planificación
Según Idhuca, hay falta de planificación, logística y transparencia por parte de autoridades gubernamentales "en la implementación de medidas, que podrían poner en riesgo a la población en general", en referencia a la ruptura de la cuarentena domiciliar obligatoria durante los trámites de entrega del subsidio de $300 a familias más vulnerables.
Hasta esta momento, el Gobierno ha habilitado la página https://covid19.gob.sv para emitir toda la información relacionada a la transmisión del COVID-19; así como el dominio https://www.covid19-