Un total $20.2 millones están destinados a la compra de bienes y servicios; mientras $75,000 se ocuparán para inversiones en activos fijos, es decir, infraestructura.
La mayor parte de fondos provienen del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $50 millones para el “Programa de Respuesta de El Salvador contra el covid-19”.
El contrato de préstamo fue suscrito el 4 de junio de 2020 por el Ministerio de Hacienda y el representante del BIRF.
El Ministerio de Salud ha reservado la información sobre los costos de las vacunas contra el covid-19 que han sido adquiridas por el Gobierno desde el 11 de marzo de 2021. La reserva fue emitida por el plazo de cinco años por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI).
Formación de personal.
El “Programa de respuesta de El Salvador ante el covid-19” hacia donde se destinarán los fondos también incluye la formación de capacidades del personal de salud que atiende a pacientes que padecen covid-19 y que trabaja en la aplicación de la vacuna, de acuerdo al proyecto.
Para pacientes con covid-19.
Hacienda también ha solicitado una reforma para incorporar el desembolso de $1 millón del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) proveniente del contrato de préstamo suscrito el 12 de enero de 2021 por $15 millones.
Dicho $1 millón será utilizado, según el proyecto, para abastecer de medicamentos, insumos y equipos médicos que necesitan distintos establecimientos de salud pública para el tratamiento de “personas afectadas por el covid-19”.
Primera infancia y “respuesta a eventos”.
Así mismo, el Gobierno está solicitando a la Asamblea Legislativa la reforma presupuestaria para incorporar $1 millón que será desembolsado para el “Programa Creciendo Saludables Juntos: Desarrollo de la Primera Infancia en El Salvador”.
De acuerdo a la solicitud, estos fondos se destinarán a “la promoción de intervenciones para la atención de niños entre 0 y 7 años” y de “sus madres durante las fases de preconcepción y gestión”; y salud materno-infantil”
Sin embargo, la solicitud también detalla que se destinarán a “asegurar la ejecución de actividades de respuesta inmediata a eventos que causen impacto económico o social adverso para el país”.