La Sala de lo Constitucional de la Corte recibió un nuevo escrito en el cual se insiste en solicitar la inconstitucionalidad del presupuesto general de la nación 2017, pese a la reforma presupuestaria que reorientó $56 millones de 25 instituciones.

La Asamblea Legislativa recortó, el 21 de abril, $56,665,225 para transferirlos al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y que éste pudiese pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que se vencieron del 7 al 20 de abril. El demandante, Salvador Enrique Anaya, dice que la reforma solo fue un refuerzo presupuestario incompleto de solo uno de cuatro rubros cuyo déficit motivó la demanda.

Primero, sostiene que el presupuesto no cuenta con los fondos para pagar una deuda de $123.4 millones que requerirá el Estado para cancelar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que se vencen en julio y octubre de 2017.

¿Por qué? La reforma, que modificó el plazo de los CIP de 25 a 50 años, “no amplía el plazo de los CIP ya emitidos”, según el abogado, y, por tanto, en julio y octubre de 2017, el Estado salvadoreño debe afrontar nuevamente el pago de intereses y amortización por otros CIP: este déficit se calcula en $123.4 millones, según el abogado.

La falta de financiamiento presupuestario para el régimen de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) por $52 millones y devoluciones de IVA e Impuesto sobre la Renta son argumentos para insistir en la inconstitucionalidad.

La Sala, sin embargo, también analiza si la aprobación de deuda flotante en el presupuesto es constitucional o no.



Los vacíos presupuestarios que, según la demanda y la aprobación del presupuesto electoral 2018, tendría el presupuesto 2017.



Pago de CIP: $123 millones

Los CIP emitidos de 2006 a 2016 se vencen: $41,716,250 del 8 al 20 de julio de 2017, y $81,783,864 del 7 al 20 de octubre de 2017 en diferentes fechas. El demandante sostiene que no se prorrogó el plazo de los CIP vigentes.

 

Devoluciones: $167.9 mills.

Se requieren $151.2 millones de devolución de IVA a exportadores, partida que quedó a $6.8 millones luego de que la Asamblea reorientara $13 millones a las elecciones 2018. De devolución de renta faltan $23.5 millones.

 

Pensiones de militares

Se señala un déficit de casi $52 millones para 2017, ya que la partida presupuestaria del año aprobada para estas pensiones asciende a $1,000. El IPSFA se desfinanció luego de beneficios otorgados durante la guerra.