La CCR presentó ayer el segundo informe de rendición de cuentas del 28 de agosto de 2018 al 28 de agosto de 2019. El reporte final indica que las 11 unidades de auditoría de la Corte de Cuentas remitieron 387 informes con 2,248 hallazgos a las cámaras de Primera Instancia, encargadas de emitir condenas y ordenar la recuperación de fondos a través de la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque no detalla de qué instituciones provenían estos fondos, las auditorías detectaron $91 millones en montos patrimoniales cuestionados dentro de instituciones públicas y alcaldías, $67.5 millones más que los $23.5 millones considerados irregulares en el período 2017-2018.
De los $91 millones reportados, las siete cámaras de primera instancia de la CCR emitieron condenas y ordenaron la recuperación de solo $11,412,874.04, que se hicieron efectivas a través de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las condenas patrimoniales representan la mayoría de estos fondos, con $10,032,186.51; mientras que las condenas administrativas en estas instancias sumaron $1,380,687.53, totalizando un total de $11.4 millones en montos a recuperar por el Ministerio Público.
Durante este mismo período, las cámaras de primera instancia absolvieron la responsabilidad de diferentes instituciones por $13,718,637.13.
Esta proporción correspondería al 15 % del total cuestionado por las direcciones de CCR y que no llegó a un juicio de cuentas; sin embargo, los casos resueltos por las cámaras de primera instancia no necesariamente corresponden a las auditorías del periodo.
Las cámaras de primera instancia son las encargadas de ejecutar los juicios de cuenta, después de recibir los informes de hallazgos de las 11 unidades de auditoría de la Corte de Cuentas. Sus fallos llegan después a revisión o apelación a la Cámara de Segunda instancia, compuesta por la presidencia y sus dos magistrados.
Carmen Elena Rivas, presidenta de la CCR, informó que las sentencias emitidas por la Cámara de Segunda Instancia se han “prácticamente duplicado” en el último año. La instancia superior emitió 158 sentencias definitivas contra instituciones de Gobierno y alcaldías, sumando $15,651,368.61 en responsabilidad patrimonial y $419,534.45 por responsabilidad administrativa.
La Cámara de Segunda Instancia resolvió condenar a 43 instituciones gubernamentales por $14,160,090.31; y a 115 alcaldías por $1,850,766.50 en responsabilidad patrimonial y administrativa.
