“Si hubiéramos tenido la firma digital, una identidad digital y trámites públicos accesibles de manera digital, las cosas habrían sido más simples”, aseguró Iris Palma, consultora de The Next Services en el seminario web “La digitalización y el Covid-19: los retos legales para afrontar la crisis en El Salvador”.
De haberse habilitado antes de la pandemia, se hubiera tenido trámites públicos automatizados, mayor tributación, una mejor distribución de ayuda del Gobierno y las medidas económicas para empresas, dijo.
La ley, aprobada hace más de seis años, entró a un punto muerto sin tener operatividad por falta de inversión del Ministerio de Economía. Hasta el pasado 5 de septiembre se firmó el contrato de implementación para diseñar la Autoridad Certificadora Raíz de El Salvador.